La Xunta de Galicia va a revisar la financiación del edificio administrativo de O Grove como consecuencia de las diligencias judiciales abiertas en relación al proceso de contratación de esta obra. El director xeral de Administración Local, Norberto Uzal, señaló ayer que «si se demuestra que hay una certificación falsa, evidentemente abriríamos un expediente de reintegro de la subvención».
El edificio administrativo que se construye en la calle Cándido Acuña se financia en gran parte con fondos aportados por la Xunta. La Consellería de Presidencia concedió en el 2008 -bajo el mandato del gobierno bipartito PSOE-BNG- una subvención de 620.000 euros para este fin, a pagar en cinco anualidades, desde el 2008 al 2012.
Dudas ya en el 2009
De momento, la consellería ha librado ya los 80.000 euros correspondientes al 2008 y ha dado orden de pagar los 70.000 euros del 2009, pese a que el año pasado ya surgieron dudas respecto a si cabía o no seguir financiando este edificio. El interrogante se planteó a raíz de la denuncia presentada por el constructor local Óscar Miniño, ante lo cual la dirección xeral solicitó un informe jurídico. Se concluyó entonces que las denuncias sobre el procedimiento de contratación de la obra no alteraban el régimen jurídico sobre el que se sustenta la concesión de las ayudas. Solo en caso de que hubiera evidencias de que se realizaron certificaciones falsas cabría la adopción de alguna medida. Pero la situación podría mudar después del auto emitido el martes por el titular del juzgado de instrucción número 2 de Cambados.
En este auto se hace constar un acta notarial del 27 de abril que alude a que, en esa fecha, «no existen indicios de obras más que las vallas metálicas colocadas a la entrada del terreno, justo detrás del cerramiento metálico». Esta acta se levantó cinco meses después de que la dirección técnica -esto es, la empresa del hermano del alcalde contratada para redactar el proyecto- certificara que sí se habían hecho obras.
Según esta certificación, se habría excavado a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso con transporte a vertedero, achique de aguas y entibaciones, un total de 731,50 metros cuadrados, por un importe total certificado de 4.571,88 euros; otros 67.500 metros cúbicos en bataches, por valor de 2.362,50 euros; y se habrían transportado a vertedero unos 87.750 metros cúbicos, por un importe de 388,73 euros. Los 100.000 euros certificados entonces se justifican con «acopios varios», según se hace constar en las diligencias.
El juez considera que queda demostrado que la certificación del 1 de diciembre del 2008 no se corresponde con la realidad y que «no es admisible en derecho, con el loable fin de obtener una subvención pública, ni forzar el procedimiento ni emitir certificaciones que no se ajustan a la realidad de las cosas».
El Concello de O Grove contrató y certificó la obra al límite, el mismo día que expiraba el plazo legal para hacerlo y tras haber pedido ya una prórroga.
Ante este auto, el director xeral informó que va a estudiar el caso y, si procede, tomar decisiones. Sobre la mesa está la posibilidad de que Administración Local ordene un expediente de reintegro para que se le devuelvan los 80.000 euros pagados en función de la primera certificación de obra, sin necesidad de esperar a que haya una sentencia firme. Uzal espera poder tener un dictamen sobre esta cuestión a lo largo de la próxima semana.
Aunque posiblemente no sea ahora mismo el aspecto que más preocupe al alcalde -José Antonio Cacabelos se enfrenta a una acusación por prevaricación y tráfico de influencias por este caso-, que la Xunta pueda llegar a retirar la subvención para el edificio administrativo suma nuevos problemas a un caso que se complica día a día.