El consenso para repartir 300 millones desde la Diputación se esfumó. La clave: el color político de los concellos beneficiados
27 ene 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Casi cada semana desde que se anunció el plan anticrisis de la Diputación se anuncia un acuerdo próximo entre las fuerzas políticas para cerrar el reparto entre los 62 ayuntamientos de la provincia. Aunque el consenso saltó por los aires a la tercera semana de la presentación del plan. El PSOE se descolgó de toda negociación como protesta por la moción de censura del PP que desalojó de la alcaldía de Mos a los socialistas.
Pero BNG y Partido Popular siguen buscando una solución. ¿Por qué no la encuentran? Porque los partidos tratan de forzar un reparto que beneficie a los ayuntamientos gobernados por sus siglas. Para fijar las bases de la negociación se han tomado criterios poblacionales. Sin embargo, estos también encierran criterios políticos.
Bajo una aparente división aséptica en tres categorías -ayuntamientos de menos de diez mil habitantes, de entre diez y veinte mil, y mayores de esta cifra- se encierra una cocina partidista del reparto de los fondos. Todo depende del porcentaje del total que se le asigne a cada uno de los tres grupos poblacionales.
De los 38 ayuntamientos de menos de diez mil habitantes que hay en la provincia, el Partido Popular gobierna en 26, el PSOE en nueve y el BNG solamente en uno. Un reparto que prime a los concellos con menos población, resultaría más beneficioso para los intereses de los populares.
Alcaldías y población
Al BNG le conviene un mayor peso de los ayuntamientos de entre diez y veinte mil habitantes, donde tienen en sus manos las alcaldías de seis de los 15 municipios. El PP controla solo cinco y el PSOE, cuatro. Los socialistas son mayoría en los concellos de entre veinte y cincuenta mil habitantes. El PSOE tiene cuatro de las siete alcaldías, por solo dos del PP y una de los nacionalistas.
La cuestión no es menor. Dependiendo de cómo se distribuyan los porcentajes del total, el Partido Popular puede llegar a gestionar 26 millones más o menos sobre un total de doscientos millones. El peor de los escenarios posibles para el PP, con una asignación del 35% de los fondos a concellos de menos de diez mil habitantes, un 25% para los de entre diez y veinte mil, un 20% para los de veinte a cincuenta mil, y otro 20% para los de más de cincuenta mil, otorgaría los municipios populares 76 millones de euros sobre un total de doscientos. Casi los mismos que se asignarían a las alcaldías del PSOE (74). Y un reparto también beneficioso para el BNG, que rentabilizaría casi 47 millones.
La cosa cambia sustancialmente si los porcentajes varían para primar a los municipios más pequeños. Con un 55% de los fondos para estos, los concellos donde el PP es mayoría, los populares rentabilizarían 101 millones, por 60 para el PSOE y 34 para los nacionalistas.
Entre uno y otro escenario hay toda un abanico de variantes. El más extremo destina el 63% de los fondos al 23% de la población. El PSOE lo ha denunciado y el BNG también. Sin embargo, las negociaciones entre nacionalistas y populares continúan en la Diputación de Pontevedra. Aunque el tiempo electoral que marca el 1-M se eche encima y un pacto BNG-PP sea cada vez más difícil de vender ante los votantes.