El 2008 puede ser calificado, sin ningún tipo de duda, como el annus horribilis de la Policía Local de Vilagarcía. A lo largo de los doce últimos meses, conflictos larvados durante mucho tiempo salieron a la luz, junto a los peores resultados de una prolongada falta de coordinación que ha degenerado en una merma de la buena imagen del cuerpo entre la ciudadanía y en un notable descontento entre la plantilla. Si a este cóctel se le suma la oleada de atropellos que golpea a la ciudad, el panorama del servicio difícilmente puede ser peor.
El primer golpe llegó en julio, cuando el juzgado de lo social que tramitaba las demandas planteadas por Comisiones Obreras al respecto ordenó anular el contrato de los cuatro auxiliares de policía que prestaban sus servicios en Vilagarcía. El Concello, argumentaba la sala, había incurrido en una mala práctica al prorrogar un tipo de contratos que solo se preveían como refuerzo de la plantilla durante la temporada estival.
Este hecho se unió a las reclamaciones que varios ciudadanos habían planteado contra las multas impuestas por los auxiliares. Legalmente, estos carecen de la presunción de veracidad que sí asiste a los agentes titulares, por lo que sus denuncias no tienen mayor valor objetivo que las que puede interponer cualquier otro ciudadano. Durante la primera mitad del año, los auxiliares firmaron un total de 1.196 sanciones que, por lo tanto, son teóricamente impugnables.
Lo peor, con todo, estaba por llegar. En noviembre se desvela que los responsables del cuerpo habían confiado el radar móvil que cede la Jefatura Provincial de Tráfico a un mero operario de servicios, que se encargaba de pilotar en solitario el vehículo oficial, en lugar de a un agente, como sucede en el resto de las policías municipales.
La caótica imagen que trasciende es atajada por la alcaldesa, Dolores García, quien ordena abandonar una práctica que causa estupor en Tráfico. Pero hay más. A finales del mismo mes se desvela otro episodio difícilmente explicable: la grúa que la Policía Local emplea para retirar aquellos vehículos que infringen la normativa y obstaculizan la circulación funcionó durante un año y cinco meses sin haber sido sometida a la preceptiva inspección técnica.
La situación de desconcierto llega a tal punto que la plantilla comienza a tomar medidas para dejar claro, ante los ciudadanos, que son los responsables del servicio quienes están en el origen de este estado de cosas. Solo la negativa del delegado de Comisiones frena a última hora un comunicado contra la jefatura que respaldan el resto de los representantes sindicales de los policías. Seis meses antes, en mayo, CC. OO. sí suscribió una comunicación a la alcaldía en la que los sindicatos denunciaban la falta de coordinación y la desmotivación del cuerpo. Por aquel entonces, solo UGT se había desmarcado.