El PPdeG defiende ahora una visión sobre la concesión de las bateas muy distinta de la que apuntaló cuando gobernaba
06 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Hablar de bateas es, qué duda cabe, navegar en un mar de minas. Máxime cuando lo que está en juego es la forma en la que los polígonos serán adjudicados a quienes los exploten cuando las actuales concesiones comiencen a expirar, allá por el 2023. Esto es, precisamente, lo que está en juego en la elaboración de la Lei de Pesca que prepara el bipartito. En cuanto la cuestión se puso sobre la mesa, el sector, siempre suspicaz, organizó una comisión negociadora. Su objetivo: conseguir que el proceso de renovación se lleve a cabo a través de un concurso abierto, con una serie de baremos preestablecidos que valoren la experiencia de quienes llevan décadas trabajando en la producción de mejillón.
A los bateeiros les ha surgido un enemigo inesperado. No es la Consellería de Pesca, que finalmente ha consensuado con ellos una fórmula para abordar tan complicado proceso. No. Quien ahora clama contra el concurso público es el Partido Popular. La mayoría del sector está que trina con la propuesta que defiende el portavoz popular en la comisión de Pesca, José Manuel Balseiro. Básicamente, la gaviota apuesta ahora por que las bateas sean otorgadas mediante una simple exposición pública a través del Diario Oficial de Galicia. Algo que supone una absoluta novedad, por cuanto rompe con la línea seguida por el PPdeG a lo largo de sus 16 años al frente de la Xunta y los primeros momentos de su pase a la oposición.
La actual Lei de Pesca data de 1993. Elaborada bajo el primer mandato de Enrique López Veiga, establece el concurso público como forma de concesión de los fondeos. El 7 de mayo del 2004, un año antes de perder el poder, los conservadores presentan un borrador de su propio anteproyecto para un renovar el texto legal. Por lo que respecta a las bateas, la propuesta se limita a recoger los artículos ya en vigor, repitiendo los tres criterios de otorgamiento: «A cualificación profesional dos solicitantes, acreditada polas certificacións profesionais recoñecidas pola consellería; a experiencia profesional dos particulares e empresas solicitantes; as solicitudes presentadas por cooperativas de produtores».
Por fin, el propio Balseiro defiende, en octubre del 2007, una proposición de ley que dice, textualmente, lo siguiente: «Serán ofertados en concurso público os puntos de fondeo xa existentes que queden vacantes». Y, según la propia normativa de 1993, vacantes quedarán, automáticamente, todas las bateas cuya concesión expire una vez finalizado el período de otorgamiento.
El cambio de tercio de los populares gallegos se produce, por lo tanto, en algún momento entre octubre del 2007 y el mes pasado. Así, el 24 de junio el Parlamento de Galicia debate una propuesta en la que el PP abandona la fórmula del concurso y apuesta ya por el proceso de información pública cuyos criterios, atención al primero de ellos, serían estos: «Ser o último titular da concesión; a cualificación profesional, acreditada polas certificacións profesionais recoñecidas pola consellería; a experiencia profesional».
Lo malo es que el propio informe jurídico que el PPdeG encarga a un letrado sobre la materia advierte que «incluír criterios que favorezan aos actuais titulares, tales como ter sido o último titular da concesión, a cualificación profesional ou a experiencia profesional, podería incorrer en prácticas restritivas da competencia», prohibidas por la normativa europea. Es decir, si el abogado que redacta el documento tiene razón, no solo las propuestas de reforma de la ley, incluida la del PP, serían ilegales, sino que incluso las concesiones que explotan los bateeiros podrían ser anuladas, puesto que fueron otorgadas bajo la ley de 1993 que incorporaba ya la experiencia y la cualificación profesional como criterios.
La gaviota juega, pues, con fuego. ¿Por qué? «Queren confusión e probablemente poñer en marcha as ideas de López Veiga», señala un portavoz del sector. La visión del ex conselleiro sobre la acuicultura y el marisqueo es de sobra conocida: sustituir la forma de gestión actual por un esquema de producción puramente empresarial. Un objetivo que choca radicalmente con la realidad de los bateeiros. El texto Galicia 2010, coordinado en el área de Pesca por él, incluye afirmaciones elocuentes: «Afrontar los retos del futuro exige inevitablemente la liberalización de las concesiones», «es necesario que las condiciones de adjudicación sean mucho más exigentes»; «el minifundismo en los cultivos flotantes es también notable. Esto podría presentar algunas ventajas en términos de empleo, pero es desventajoso en términos de gestión moderna y eficaz»; «será necesaria una política de concentración de las explotaciones, quizás a través de la política de adjudicación y renovación de las concesiones»; «la experiencia no es una condición esencial», «la solvencia técnica de la empresa es un factor a considerar a la hora de acceder a la concesión».