Una puerta a la esperanza. Los armadores del cerco de Barbanza recibieron a finales de la semana pasada una circular del Gobierno central en la que se abre la posibilidad de que los barcos del cerco que participan en la costera de la anchoa puedan recibir ayudas este año al mantenerse cerrado el caladero. Hace unos días, unas diez embarcaciones acordaron amarrar para presionar a la Administración con la finalidad de que estableciese una línea de ayudas para el sector. Esta semana aumentó el número de unidades y de un total de 23 censadas de Barbanza en la pesquería del bocarte están amarradas 19, lo que representa un 83% del total.
El patrón mayor de Portosín, Eduardo Carreño, indicó que recibieron un borrador en el que se dan instrucciones para que los barcos cumplan una serie de requisitos con la finalidad de solicitar las indemnizaciones. El dirigente comentó que aunque no es seguro, porque aún no está aprobado definitivamente, «é posible que poidamos acceder ás axudas como houbo noutros anos por permanecer o caladoiro pechado», dijo.
Las naves deben cumplir unos criterios mínimos para pedir las ayudas, en caso de que las haya, para este colectivo. En primer lugar deben estar inscritos en el censo del caladero Cantábrico-Noroeste y dedicarse a la pesca de esta especie por lo menos los últimos cinco años. Las condiciones incluyen, además, un período de amarre de cuarenta días, que debe estar cumplido antes del 30 de octubre. Los armadores lo pueden repartir y cumplir períodos de veinte, treinta o las cuarenta jornadas de una sola vez.
Trámites
La flota del cerco de Portosín que suele participar en la costera de la anchoa está integrada por quince unidades. Tan solo dos optaron por seguir faenando. El resto entregó el rol en Capitanía y esperar acontecimientos.
El dueño del Escalador, Gonzalo Pérez, decidió no parar en esta ocasión. Recalcó que tuvo muchos problemas la última vez para percibir las ayudas e incluso tuvo que desplazarse a Madrid para agilizar los trámites. Además, hizo mención a que tiene ocho tripulantes extranjeros y si para «non teñen dereito a cobrar porque non cumpren os requisitos como é ter seis meses de mar», subrayó.
Los profesionales tienen puestas muchas esperanzas en poder cobrar las ayudas procedentes del Gobierno central por no poder participar este año en la costera del bocarte. El colectivo reclamó la apertura del caladero aunque fuese en verano, a pesar de los informes contrarios de los biólogos. Ellos están convencidos de que hay pesquería suficiente en el Cantábrico.
La situación en Ribeira es similar a la de Portosín. Tan solo dos barcos continúan faenando. El resto acordó parar la actividad con la intención de poder acogerse a las ayudas.
El representante del colectivo de Santa Uxía, Francisco Ayaso, es optimista en lo que a la posibilidad de cobrar se refiere. «Agora enviaron o borrador, polo que é posible que este ano recibamos os cartos».
Ayaso cree que en esta ocasión «van facernos algo de caso porque están os vascos polo medio, que senón habería que velo», dijo.
También comentó que en los últimos tres años la flota gallega cobró hasta el momento un 40% menos que el resto de barcos del Cantábrico. «O ano pasado pagáronlle ós mariñeiros pero os armadores non vimos nin un euro», subrayó.