Así se destruyó A Tomada

?l primer proyecto que la inmobiliaria O Castriño, pilotada por José Luis Falcón, soñó para A Tomada se centraba en la construcción de 77 viviendas unifamiliares. Diez años después, y pese a una larga lista de avatares, la empresa está urbanizando espacio suficiente para sustentar 151 chalés. Lo de menos es si las promociones salen de su propia factoría o si se desarrollan tras la venta de las parcelas en bruto a particulares o terceras compañías. Lo que importa es que aquella previsión inicial se ha duplicado con efectos devastadores para el territorio. Aquel proyecto de 1997 se topó con la aparición de restos arqueológicos. La tradición y la topografía de la zona sugerían que A Tomada de San Roque podía guardar en sus entrañas un yacimiento castreño de importancia. Así que O Castriño dejó sus excavadoras en el garaje a la espera de que la Dirección Xeral de Patrimonio examinase el entorno del emblemático monte. Un entorno, por cierto, de indudable valor social y etnográfico, dotado de construcciones tradicionales que en ocasiones han sucumbido ante el cemento. Es el caso de un palomar hoy inexistente. La cuestión es que aquella Xunta del 2000 emitió finalmente su informe, echando por tierra la defensa que hasta el momento había plantado el Concello de Vilagarcía ante el apetito urbanístico de la inmobiliaria. Patrimonio negaba la existencia del castro y reducía la zona de protección arqueológica integral a dos lugares en los que dijo detectar restos medievales y elementos de la Edad del Bronce. Apenas 1.300 de un total de 115.000 metros cuadrados, con un contorno de cautela arqueológica en el que cualquier intervención necesita la autorización del departamento autonómico pero ya ha sido invadido. La Lei do Solo del 2001 El dictamen patrimonial, unido a la liberalización de suelo rústico común que trajo aparejada la Lei do Solo del 2001, marcó el principio del fin para A Tomada. Tras una negociación de un año, el 27 de junio del 2002 el pleno de Vilagarcía aprobaba la firma de cinco convenios urbanísticos. Entre ellos, el que acabaría con el mote carrilexo. Tanto el PP como el BNG votaron en contra. El entonces alcalde de la ciudad, el socialista Javier Gago, mostró también su disgusto por el acuerdo alcanzado con O Castriño, pero argumentó que su iniciativa se ajustaba a la ley y no podía ser rechazada sin incurrir en prevaricación. El documento se plasmó en junio del 2003, con la aprobación inicial del plan parcial que había presentado la empresa de Falcón. En él se recogía ya la construcción de los 151 chalés. Un mes después, A Tomada volvía al pleno. El 31 de julio, la corporación debatió una modificación puntual del PXOM para reducir el área de protección arqueológica hasta los límites que Patrimonio había impuesto tres años antes. A la voz crítica del BNG se unió entonces la de Izquierda Unida, recién estrenada su representación municipal. Nuevamente, Gago lamentó tener que dar vía libre al proyecto. Pero La modificación se aprobó definitivamente en noviembre, con el apoyo del PP, que rectificaba así la oposición mantenida por el equipo conservador anterior. El plan parcial de O Castriño obtuvo su visto bueno definitivo poco después, en enero del 2004, y la inmobiliaria puso manos a la obra. Los efectos del vendaval urbanístico no se hicieron esperar. Aquel verano, los vecinos de Carril vivieron con una caja de truenos a sus espaldas. La generosa utilización de explosivos no sólo denotaba el violento trato que la firma de Falcón estaba deparando al territorio carrilexo, también hizo que las viviendas más cercanas se tambaleasen, al tiempo que las obras cercenaban caminos tradicionales sin pestañear. Para colmo de males, la empresa pasó por alto el proyecto de urbanización del terreno, que incluía un vial principal de entre diez y doce metros de ancho. En realidad, O Castriño estaba abriendo una pista de apenas dos metros. Así llegó la primera paralización que el Concello decretó después de que los vecinos afectados presentasen doscientas firmas en señal de protesta. La inmobiliaria corrigió la carretera y continuó socavando la memoria y el suelo de Carril con un añadido inesperado: un dique de contención que pervierte definitivamente la orografía de A Tomada. El salvaje atentado, legal o no, se superó a sí mismo con la elevación, en el mismo borde de la vergonzosa estructura, de cuatro viviendas como cuatro gigantescas ampollas. Una de ellas acaba de ser paralizada porque sus promotores ni siquiera esperaron a obtener licencia municipal. El daño, sin embargo, está a la vista. Y duele tanto como ofende.

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