En contraste con la reserva de competencias para la FEMP, la Diputación y el Imserso, Vicepresidencia se queja de que la Xunta tenía en el actual esquema un papel meramente financiador de las diputaciones. Esta situación es calificada de «paradoxal» en la comunicación de Seara Formoso. También se subraya que la Administración Autonómica es, según el criterio del departamento de Quintana, la «titular da competencia» en la materia. Vicepresidencia señala en el documento citado que «as competencias en materia de asistencia social lles corresponden con carácter exclusivo ás comunidades autónomas» y acusa a la FEMP, el Imserso y la Diputación de obviar este hecho en el convenio que firmaron. Se apoya para ello en lo establecido en el artículo 148.1.20 de la Constitución y en el artículo 27 del Estatuto de Galicia. En línea con esta consideración, el departamento de Anxo Quintana anuncia en la comunicación citada al gobierno provincial el cambio de sistema. A lo largo del 2007, Vicepresidencia se fijó el objetivo de «iniciar a posta en marcha» de un programa autonómico de teleasistencia para todo el territorio gallego. «Reconducir» la situación Se trata de «reconducir» el actual programa «provincial» de teleasistencia hacia «o reparto de competencias en materia de servizos sociais establecido na normativa vixente». Asimismo se pretende «superar» un sistema de convenios Imserso-FEMP-Diputación que «vulnera» las competencias en la materia. En cualquier caso, este cambio no significa que se vaya a «suprimir súbitamente» la colaboración con la Diputación para el desarrollo de la teleasistencia domiciliaria. De ahí que el departamento se proponga mantener su actual colaboración financiera para garantizar «a continuidade» en la prestación del servicio en tanto no entre en funcionamiento el nuevo programa autonómico de teleasistencia. Esta colaboración financiera no superará el 15% del programa FEMP-Diputación-Imserso en el año 2007 ni lo aportado en el pasado ejercicio, «Tampouco ten sentido -explican los promotores de la medida- fomentar o crecemento dun sistema articulado sen base competencial e que se pretende cambiar a curto prazo». Estos criterios son los que llevan a Vicepresidencia a fijar en 56.044 euros la cantidad que va a entregar este año a la Diputación. La decisión de congelar estas aportaciones bloqueará de hecho la expansión del sistema, salvo que la Diputación decida hacerse cargo del 15% que ponía la Xunta en los casos de nuevos usuarios o que se traspase a los usuarios en mayor proporción los costes del sistema que funciona en la provincia desde hace casi una década.