En su día, el operativo fue el mayor golpe mundial contra la difusión de pornografía infantil La decisión se tomó a raíz de que un juez de Burgos estimase que la causa no era de su competencia
02 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.?l juzgado de Caldas tendrá que proseguir con la instrucción del caso Cerbero -la operación de la Guardia Civil que en su día fue considerada como el mayor golpe policial a nivel internacional contra la distribución de pornografía infantil por Internet- por lo menos en el caso de un detenido de Burgos, según lo ha determinado el Supremo. Tal y como recoge el auto del alto tribunal, en abril del 2005, el juzgado pontevedrés, tras apreciar indicios de un posible delito en los diecinueve detenidos, determinó remitir las actuaciones a los distintos juzgados con jurisprudencia en las localidades de residencia de los sospechosos. Todos aceptaron el caso sin problemas, excepto el titular de Primera Instancia e Instrucción número uno de Burgos, órgano judicial que en marzo del año pasado decidió «no aceptar la competencia». Optó por reintegrar las diligencias a sus orígenes. Fue entonces cuando la sala caldesa recurrió ante el Supremo, quien le dio la razón a su homóloga burgalesa. Si bien, en principio, la resolución únicamente afecta al caso concreto del detenido en Burgos -será juzgado en Pontevedra-, distintas fuentes judiciales explicaron que la decisión del Supremo podría provocar que otros juzgados tomasen el mismo camino que el burgalés dando marcha atrás en la tramitación de sus respectivas causas para devolvérselas a Caldas. En todo caso, precisaron que es algo complicado, «por no decir imposible, dado lo avanzada que debe estar la instrucción de cada uno de los restantes procedimientos», apuntó una de estas fuentes. En su momento, el juez de Caldas entendió, con el apoyo del fiscal de delitos Telemáticos de Pontevedra, que no existía conexión entre los diferentes arrestados. De este modo, estimó que cada uno de los sospechosos actuó por su cuenta aunque no en un mismo entorno, Internet, y se inhibió en favor de los restantes órganos judiciales. Acuerdo entre detenidos Sin embargo, la tesis de su compañero de Burgos es diametralmente opuesta. El auto del Supremo señala que este magistrado aprecia que «hubo acuerdo tácito entre los presuntos autores», por lo que cabría hablar de conexividad, al tiempo que argumenta, como segunda cuestión de competencia, que el órgano pontevedrés fue el primer juzgado que tuvo conocimiento de este proceso, por lo que tendría que seguir con la instrucción. A la vista de estas argumentaciones, el Supremo da la razón parcialmente a Burgos. El alto tribunal se posiciona al lado del que era titular de Instrucción 2 de Caldas al sostener que no existen «indicios de codelincuencia o concierto delictivo». Sin embargo, sostiene, al igual que el juzgado castellanoleonés, que la jurisprudencia vigente viene determinando que el juez que «primero haya iniciado las actuaciones procesales será, en principio, competente para la instrucción de la causa». El operativo de la Guardia Civil que permitió la detención de los diecinueve sospechosos comenzó, tal y como señala el alto tribunal español, gracias a la denuncia de un vecino de Caldas de Reis. Al parecer, navegando por Internet, este hombre se dio de bruces con una web en la que aparecían fotografías de pornografía infantil, estando algunas de las imágenes protagonizadas por bebés de pocos meses. La denuncia activo todos los resortes de la unidad de delitos telemáticos del instituto armado en Pontevedra. Mientras los agentes de la Guardia Civil investigaban, la justicia abría una vía de colaboración y cooperación judicial a nivel internacional. En diversas reuniones, los jueces de los países afectados mantuvieron reuniones para acercar posturas y determinar la estrategia común que debían seguir. De este modo, a primera hora de la mañana del 16 de marzo del 2005, la Guardia Civil realizó simultáneamente más de una veintena de intervenciones en diecinueve localidades españolas que tuvieron como resultado el arresto de otras tantas personas de Gijón, Burgos, Valencia, Gandía (Valencia), Paterna (Valencia), Rubí (Barcelona), Baracaldo (Bilbao), Bilbao, San Vicente de Raspeig (Alicante), Salamanca, Pola de Laviana (Asturias), Villalpando (Zamora), La Orotava (Tenerife), Madrid, Arganda del Rey (Madrid), Palma de Mallorca, Lérida y, claro está, Pontevedra y Santa María de Oia, población esta última en la que reside la única mujer relacionada con la supuesta trama delictiva.