AREOSO | O |
15 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.HUBO una época en la que las clases sociales tenían demasiada importancia. El entorno en el que uno nacía era motivo más que suficiente para garantizarle una serie de privilegios a los que el resto del vulgo ni siquiera podía aspirar. Afortunadamente las cosas cambiaron y esos privilegios de cuna se acabaron, por lo menos en la teoría. Todos tenemos ahora los mismos derechos y podemos aspirar a lo mismo, hayamos nacido en un palacio de cristal o en la más miserable de las chabolas. Por eso llama la atención que haya un determinado grupo de trabajadores que siga manteniendo ciertos privilegios que, al resto, se nos niegan de forma sistemática. Me refiero, como no, a nuestros entrañables funcionarios. Cierto es que nada tienen que ver estas ventajas con la sangre que corre por las venas, ni con el entorno social en que se crían. Es un simple examen, más conocido como oposición, el que da esos derechos que el resto reclamamos sin resultado alguno. Pongamos un ejemplo. Ahora que tan de moda está hablar de la conciliación de la vida laboral y la familiar, va el Gobierno y les concede, por gracia real, cinco meses de baja a todas las funcionarias. Y una, que no sale de su sorpresa, se pregunta: ¿Es que el resto no parimos? ¿Será que a las que no gozamos del privilegio de trabajar para el Estado nos recuperamos antes en esto de la maternidad? Vale que tengan derecho a un seguro privado -aunque alguien debería explicarme algún día porque no disfrutan de las ventajas de la Seguridad Social- y que puedan reclamar sin problemas jornadas reducidas o excedencias, pero que, aún encima, tengan más derechos que nadie me parece algo aberrante. Dirán algunos: haberlo pensado mejor y estudiar para funcionario. Pero es que yo pensaba que las leyes eran para todos y que lo de favorecer la natalidad afectaba a todas las mujeres, no sólo a las funcionarias.