La cosa política
06 may 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?n política, nada suele suceder por casualidad. Y los sistemáticos ataques que el alcalde de Vilanova, el popular Gonzalo Durán, lanza al Gobierno bipartido de la Xunta mucho menos. Desde hace meses, el regidor vilanovés no se priva de zaherir a socialistas y nacionalistas a cuenta de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal, ratificado provisionalmente por el pleno en enero de este año, y pendiente todavía de informe por parte de la Consellería de Política Territorial. Durán incluso ha llegado a asegurar al portavoz del PSOE en Vilanova, Rodrigo Santiago, que, en caso de que el documento no salga adelante, «se va a tener que ir del municipio», según confirma uno de los asistentes a la comisión informativa en la que el primer edil pronunció tal advertencia. La oposición tiene claro, desde hace tiempo, que Durán se está poniendo la venda antes de que llegue la herida, y que su actitud insistente y beligerante responde a una estrategia política cuidadosamente estudiada. Un detalle elocuente. Pese a que el alcalde de Vilanova proclama que la Xunta no cumple los plazos y que no ha recibido ninguna comunicación desde Santiago, lo cierto es que, hace un par de meses, Durán Hermida se reunió en Pontevedra con altos cargos de la Administración autonómica. El propio regidor reconoció ante ellos que era perfectamente consciente de que el PXOM, tal y como había sido aprobado, jamás podría contar con el visto bueno de Política Territorial. Los representantes de la Xunta se quedaron estupefactos ante lo que estaban escuchando. Pero lo más impactante llegó a continuación, cuando el primer edil explicó por qué, pese a saber que incorporaba numerosas incorrecciones, el gobierno local había seguido adelante con la tramitación del documento: «Dijo que no estaba dispuesto a enfrentarse a los vecinos, ni a decirles que no a sus peticiones». En resumidas cuentas, además de articular el suelo del un concello, regulando sus usos, cualquier plan urbanístico es, también, un instrumento político de primer orden, capaz de satisfacer los requerimientos de los vecinos y, por lo tanto, ponerlos en buena disposición hacia el gobierno municipal. Y eso, cuando las elecciones están a tiro de un año, vale su peso en oro. En el esquema del regidor arousano, el papel del malo queda reservado para la Xunta, ahora en manos de sus contrincantes políticos, el PSOE y el BNG. Así que, miel sobre hojuelas. Si alguien ha de frenar el PXOM, y eso es irremediable, que sea el bipartito, y no el Concello. Las modificaciones El documento que partió hacia Santiago incumple en varios puntos la normativa. Uno de ellos es realmente llamativo. La Lei do Solo de Galicia, en el punto sexto de su artículo 85, estipula que «no caso de que se pretenda introducir, no momento da aprobación provisional polo pleno municipal, modificacions que signifiquen un cambio sustancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e cualificación do solo, ou en relación coa estructura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información pública con anterioridade ao referido acordo do pleno e a remisión da documentación oportuna á consellería para resolver sobre a súa aprobación definitiva». En pocas palabras, no se pueden llevar a cabo cambios en la catalogación del suelo sin someterlos a exposición pública. Pues bien, el caso es que la versión del PXOM que el pleno de Vilanova aprobó provisionalmente en enero contiene hasta 77 modificaciones en la catalogación del suelo que jamás han sido expuestas al público. Se trata de terrenos rústicos que se convierten en núcleo rural o extensión de núcleo rural, y viceversa. Sólo este hecho, de por sí, sería suficiente para que la Xunta obligase al Concello a retrotraer la tramitación del plan urbanístico al momento anterior a su visto bueno provisional. El caso de Tremoedo Al margen de la vinculación o no del concejal Javier Tourís en el proceso de compra y recalificación de una parcela de 165.000 metros cuadrados anexa al polígono industrial de Tremoedo -que los socialistas denuncian y encuentran a través de un socio de Tourís, y el edil desmiente tajantemente, con amenaza de querella incluida- hay procesos, como el seguido por estos terrenos, que no están del todo claros desde el punto de vista formal. La opción de compra que un vecino de Sevilla firma sobre los 165.000 metros cuadrados de Tremoedo está fechada el 14 de octubre, el mismo día en el que José María Castillo Pacheco registra en el Concello la solicitud de recalificación, dos meses después del plazo legalmente establecido para ello. Lo raro es que, en la memoria justificativa del PXOM, en el apartado dedicado a las alegaciones, el equipo redactor recoge la petición de Castillo, pero data el documento el 27 de septiembre y anota como fecha de registro el día siguiente, 28 de septiembre. Es decir, en los papeles oficiales la alegación aparece reflejada 16 días antes de que el sevillano cerrase su opción de compra y de que presentase su solicitud en el Ayuntamiento. A todo esto, las relaciones internas en el PP están deterioradas. El distanciamiento entre Gonzalo Durán y su hermano y compañero en el gobierno, José Juan, es evidente. Hasta el punto de que José Juan, vicepresidente de la Diputación, no dudó en abandonar el pleno en el que la oposición pedía la dimisión del regidor. Justificado o no, el gesto es muy significativo.