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La inmobiliaria continuó edificando sin problemas ante la pasividad del Concello de Vilanova 24 DE OCTUBRE DEL 2005 23 DE ENERO DEL 2006 Durán pasó por alto un primer llamamiento de Urbanismo para reponer la legalidad
23 ene 2006 . Actualizado a las 06:00 h.OBREROS TRABAJANDO. Días después de la teórica paralización, los trabajos continuaban como si tal cosa. La alcaldía dio un plazo de tres meses para legalizar la obra, pero debía permanecer parada PISOS LISTOS Y ¿VENDIDOS?. La Xunta insta ahora al Concello a paralizar las obras, pero, después de tres meses, las viviendas están finalizadas. En Vilanova se comenta que incluso han sido vendidas ?ifícilmente podrá llevar a cabo el Concello de Vilanova las recomendaciones que el servicio de Urbanismo de la Xunta le insta a asumir con respecto a los tres edificios que promueve la firma Promopón en el entorno de As Sinas. Tras constatar que la concesión de las licencias puede constituir «unha infracción urbanística grave», al carecer de informes jurídicos y de dictámenes técnicos completos, el departamento autonómico asegura que se «debería proceder á suspensión dos seus efectos -de las licencias- e á inmediata paralización das obras iniciadas». Y si resultará difícil llevarlo a cabo es porque las obras mencionadas están felizmente acabadas, pese a que el alcalde, Gonzalo Durán, dictó una primera orden de paralización de los trabajos en octubre. Con orden de paralización o sin ella, la promotora, propiedad de José Ramón Fernández Pomares, continuó los trabajos durante los tres meses que median entre la resolución de la alcaldía y el informe de la Xunta, emitido la semana pasada, sin que el Concello lo impidiese. El resultado es un enorme embrollo urbanístico que podría estallarle en las manos al regidor popular, al que los socialistas exigen que dimita. Lo cierto es que Durán dio tres meses a la empresa para que legalizase un expediente en el que ni siquiera se acreditaba la titularidad de los terrenos sobre los que se ha edificado. Pero lo hizo obviando cualificadas opiniones, que entendían que el caso alcanzaba la suficiente gravedad como para que fuese incoado, ya en aquel momento, un expediente de reposición de la legalidad, que hubiese implicado la suspensión inmediata de la actuación y la adopción de medidas cautelares. Así lo recomendaban el servicio autonómico de Urbanismo en un primer informe -«procedería suspensión inmediata das obras, e inicio de expediente de reposición da legalidade urbanística vulnerada»- y el propio secretario del Concello -«dende o punto de vista estrictamente xurídico, esta secretaría entende que, á vista do expediente, si habería título suficiente para acordar a dita suspensión»- que se refería así a esta cuestión en julio. El funcionario municipal hacía constar expresamente que el único órgano competente en el Concello para decidir el inicio de la reposición de legalidad es la alcaldía. Durán no lo hizo. Tal vez porque, como le espetó al PSOE allá por marzo, considera que este asunto no es más que un «complot de taberna».