La directiva de la Comunidad de Montes de San Vicente solicita la ejecución de la orden El «caso Lampáns» sigue coleando. La Audiencia Provincial condenó hace un año al Concello de O Grove a pagar las costas procesales, pero no lo ha hecho. El juzgado de instrucción número 1 de Cambados acaba de decretar el embargo de bienes al ayuntamiento para cubrir esta deuda cifrada en 4.503 euros (749.236 pesetas) y otros 1.376 euros (228.947 pesetas), en concepto de intereses. La directiva de la Comunidad de Montes de San Vicente solicita la ejecución de esta resolución
21 jun 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Las costas procesales del «caso Lampáns» nunca llegaron a ser valoradas. Cuando hace un año la Audiencia Provincial confirmaba la sentencia del juzgado de Cambados imponiendo al Concello de O Grove el pago de las mismas, se llegó a hablar de hasta 20 millones de pesetas (120.202,42 euros). Parece que finalmente no va a ser tanto dinero pero, sea como fuera, las partes no están dispuestas a perdonar ni un euro. De esta opinión es, al menos, la Comunidad de Montes de San Vicente que ya solicitó el embargo de bienes al Concello de O Grove por impago, en base a una reciente resolución del juzgado de instrucción número 1 de Cambados. En ella se decreta el embargo de bienes en la cuantía suficiente para cubrir las cantidades reclamadas: 4.503 euros (749.236 pesetas) y 1.376 euros (228.947 pesetas) que se fijan provisionalmente en concepto de de intereses. El auto judicial establece que se libre oficio a la oficina de Consulta Registral y Averiguación Patrimonial del Juzgado Decano de Pontevedra a fin de que remita a este tribunal la relación de bienes y derechos del Concello de O Grove. Intereses La directiva de la Comunidad de Montes de San Vicente de O Grove anunció ayer que va a solicitar la ejecución de la sentencia y alertó de la intención del sector crítico de la comunidad -que se postula para dirigir la entidad- de reabrir el «caso Lampáns». «Esto significaría que el ayuntamiento podría demandar de nuevo a esta comunidad y mantenerla en ligitio otros ocho años más, cuando en estos momentos, por la sentencia recibida en su contra no puede reabrir el caso», según explica la directiva. «¿Qué intereses tienen estos señores para reabrir un caso ganado? ¿será que quieren que el ayuntamiento se quede con el terreno, que es de los vecinos y con el dinereo que nos debe?», señala la directiva. La comunidad de San Vicente no es una de las partes personadas en este complicado caso, que ha dado lugar a cúmulo de denuncias y sentencias judiciales. El Concello atacó por varios lados y su última demanda la presentó contra la Comunidad de Montes de San Vicente, las asociaciones de vecinos de A Palma, Sorpresa y Amencer, la empresa Áridos Rías Baixas S.L. y Silverio Bouza Lastres. La orden de pago de las costas procesales es, por ahora, el último de este culebrón.