03 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.
Amnistía Internacional no tiene constancia de que las autoridades hayan investigado las irregularidades que se habían cometido ni que se haya sancionado a los responsables. Los miembros de esta ONG, preocupados por la situación, han remitido el documento al Subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Alejandro Millán Mon, y a la Policía, y han solicitado una entrevista con el primero para discutir el problema. De entrada, Aministía Internacional pide al Gobierno que autorice el acceso de abogados u organizaciones de refugiados a los buques en los que hay polizones. Algo que en los últimos meses ya se permite en el País Vasco y que coincide con un aumento de solicitudes de asilo en esta comunidad.