Al margen del problema de las concesiones, la actualidad de la Autoridad Portuaria pasa por el pacto global para el desarrollo de la rada, propuesto por el Concello de Vilagarcía. La idea que defiende el alcalde, Javier Gago, es la apertura de un amplio debate social para conseguir una solución consensuada a la planificación del Puerto. En este sentido, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa anunció ayer la solicitud de una entrevista con el regidor vilagarciano, a fin de conocer el contenido de la propuesta. Por lo pronto, el colectivo entiende que existen tres puntos positivos en el planteamiento del gobierno municipal. El primero, el propio establecimiento de un diálogo que la Plataforma dice reclamar desde siempre. Pero, además, la entidad interpreta que el hecho de que el Ayuntamiento plantee un freno a cualquier ampliación de depósitos de hidrocarburos supone «o recoñecemento de que as institucións públicas si teñen medios para prohibir as actividades perigosas». Por último, la Plataforma considera positivo que «se recoñeza que os depósitos si son perigosos». «Non se entende, senón, que se pidan garantías expresas de que non se incrementarán os tanques de almacenamento», argumentan sus responsables. En cualquier caso, el colectivo cree que esta cuestión no resuelve el problema de los actuales depósitos: «O consenso social di que deben ser trasladados, e neste senso existe un pacto asinado por BNG, PSOE, EdeG e EU, sendo o segundo o partido ó que pertence o alcalde de Vilagarcía». Por lo que al diálogo en sí se refiere, la Plataforma entiende que la ampliación del puerto debe responder a un estudio serio y riguroso: «Non se pode falar sen máis de crear un dique en Ferrazo cando tanto os parques de Carril como a praia da Compostela se verán afectados polo cambio de correntes». En este sentido, la agrupación pide un debate sobre el modelo portuario que se pretende. La denuncia ante la Unión Europea Por otra parte, la Plataforma anunció ayer que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha iniciado ya la tramitación de su demanda sobre los incumplimientos de la normativa comunitaria sobre evaluación ambiental en el caso de Ferrazo. El organismo solicitará ahora a la Comisión Europea que se pronuncie al respecto. Y, tras recabar toda la información sobre esta cuestión, abrirá un debate en el que los miembros del colectivo arousano esperan participar directamente.