Los representantes de la OPP-20 y los administradores judiciales de la depuradora no llegaron a un acuerdo «Xa estamos fartos así que lle imos dar a orden a abogada para que se execute o embargo e se subaste a depuradora». En este sentido se manifestó el presidente de la Organización de Productores OPP-20 de A Illa, Ventura Rivas, tras la última reunión mantenida con los administradores judiciales de la depuradora Allesa, 72 SL. Fue el último intento para cobrar una deuda de 8 millones de pesetas que la depuradora tiene contraída con la organización desde hace años. La empresa está trabajando en la actualidad pero no tiene suficiente liquidez para afrontar las deudas, según los administradores.
25 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.B.C. A ILLA Todo apunta a que el destino final de la empresa Allesa 72, SL será la subasta pública si alguien no lo remedia. Desde luego la organización de productores OPP-20 de A Illa no está por la labor porque, según indicó su presidente, Ventura Rivas, ya se han agotado todas las vías de negociación. La depuradora compró marisco a la OPP-20 por valor de 8 millones de pesetas hace varios años cuando la factoría todavía estaba en manos de la familia Charlín. La venta es anterior a la intervención judicial de la empresa decretada por el juez Baltasar Garzón. Una medida que se incluyó dentro del sumario abierto por la Audiencia Nacional contra la familia Charlín por blanqueo de capitales y delito fiscal. Vía judicial Los administradores judiciales se encontraron con varias deudas que, en este caso, todavía hoy siguen sin pagar. Ante esta situación, la organización isleña optó hace dos años por elevar sus reivindicaciones a los tribunales, que fallaron a su favor. Pese a ello, han estado retrasado la ejecución del embargo a la espera de llegar a una salida negociada con los administradores. Hace días se celebró una nueva reunión con los gestores de Allesa, y éstos comunicaron a los representantes de la organización de productores que no tenían liquidez para pagar, según informó Ventura Rivas. Así las cosas, el presidente ha dado ya orden al abogado para que ejecute el embargo sobre la nave industrial situada en A Illa. Ahora habrá que designar un perito para que tase las instalaciones para llevar a cabo una subasta pública. En caso de que el importe de la venta de las instalaciones no sea suficiente para cubrir la deuda -que se eleva a 10 millones, incluidos los costes del proceso- existen todavía otras opciones. Entre ellas, el embargo de la cartera de pedidos de la compañía o de la actividad de negocio.