La auditoría de Arthur Andersen pone en entredicho la mayoría de las adjudicaciones de Rivera en la Autoridad Portuaria Todas las instancias consultadas están de acuerdo en un punto: la mayoría de las adjudicaciones realizadas por la Autoridad Portuaria bajo la presidencia de Rivera Mallo incumplen en varios puntos la legalidad. El debate, cuya última palabra es para la Abogacía del Estado, se centra en la calificación de tales irregularidades: bien como delitos, bien como vulneraciones administrativas. Lo cierto es que la Auditoría de Arthur Andersen deja claro que toda una serie de contrataciones, realizadas por concurso restringido, deberían haber sido concedidas en subastas abiertas. La diferencia es importante. En el primer caso, es el Puerto quien solicita ofertas. En el segundo, cualquier empresa podría haber optado a hacerse con la adjudicación.
15 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.SERXIO GONZÁLEZ VILAGARCÍA El paradigma de las irregularidades detectadas por Arthur Andersen es la dotación de una parcela en el muelle de enlace oeste para usos portuarios. Tal actuación fue desarrollada en tres fases, cuando, de acuerdo con la normativa, sólo deberían haber sido dos. La fragmentación evitó que la obra fuese adjudicada en subasta abierta, para convertirse en un concurso restringido. Primera fase. En esta primera fase del muelle de enlace, la auditoría no señala deficiencia alguna. La obra fue adjudicada en subasta pública a Construcciones Dávila. El presupuesto de salida ascendía a 89 millones de pesetas. La empresa ofertó 51 millones. Es decir, el Puerto logró un beneficio de 38 millones. La superficie que se creó fue de 19.550 metros cuadrados. Segunda fase. Los problemas empiezan aquí. La empresa adjudicataria fue Expano, que prácticamente igualó el presupuesto propuesto por el Puerto: 34.660.000 frente a 34.800.000 pesetas. Es decir, el beneficio es prácticamente nulo. El relleno logrado ascendía a 10.550 metros cuadrados. La fórmula utilizada fue la de concurso restringido. Es decir, la Autoridad Portuaria fue quien solicitó las ofertas a las empresas que consideró adecuadas. Y lo hizo a cuatro compañías, pero sólo sobre el papel: «Si bien existe un acta de la apertura de ofertas, indicando la existencia de tres licitadores más, en el expediente no constan las ofertas presentadas por éstos». No hay constancia real de que se hubiesen presentado tales alternativas. Tercera fase. Nuevamente, la figura es la de concurso restringido. La adjudicación vuelve a parar a Expano. Y el beneficio para el Puerto es prácticamente inexistente: 40.595.000 pesetas frente a las 40.915.449 del presupuesto de salida. En esta ocasión se solicitan cinco ofertas. Pero una de ellas, la de Lar Construcciones Generales, vinculada a Gumersindo Rodríguez Eirea, se presenta antes de que el Puerto realice la petición de ofertas. Valoración. Según la auditoría, no existe justificación alguna para dividir esta actuación en una segunda y una tercera fase. Ni siquiera constan en el expediente las razones por las que así se hizo. Eso sí, si ambos concursos se hubiesen unido en uno solo, la figura utilizada en la adjudicación debería haber sido la subasta pública. Es decir, cualquier empresa podría haber optado a hacerse con los trabajos. Arthur Andersen no duda en afirmar que un único concurso hubiese resultado tanto más razonable como económico. Pero hay más. El tiempo existente entre la fecha de adjudicación de la segunda (27 de febrero de 1998) y de la tercera fase (3 de abril de 1998) es de tan sólo 34 días. De acuerdo con las actas de recepción, el inicio de las obras de la tercera fase (22 de abril de 1998) se produjo tres días antes de la finalización del segundo tramo (25 de abril de 1998). Más dudas. Las cuatro empresas a las que se pidió ofertas en la segunda fase coinciden con cuatro de las cinco compañías que fueron invitadas en la tercera fase. Curiosamente, ninguna de ellas había optado al primer tramo de las obras, que sí se realizó empleando la fórmula de la subasta pública.