Costas retoma las obras de A Seca sin esperar el fallo del Supremo

La Voz

AROUSA

VÍTOR MEJUTO

NACHORTAS Los propietarios afectados impidieron trabajar a los técnicos a pesar de la presencia de la Guardia Civil La Dirección General de Costas ha decidido retomar las obras del entorno de A Seca, en Cambados, sin esperar a que el Tribunal Supremo decida a quien pertenecen esos terrenos. Estos trabajos llevan años paralizados a causa de una sentencia de la Audiencia Nacional, que estima que estos terrenos pertenecen a la familia Prego, contra la que Costas ha presentado un recurso ante el Supremo. Los técnicos de esta entidad intentaron ayer comenzar las obras, pero los propietarios afectados se lo impidieron.

06 mar 2001 . Actualizado a las 06:00 h.

M. ALFONSO CAMBADOS Las obras de acondicionamiento del Muíño de A Seca, en Cambados, están prácticamente finalizadas. Actualmente sólo falta por construir un pequeño tramo, situado entre el antiguo estanque y la Comarcal 550 a la altura de la parroquia de Corbillón. La conclusión de estos trabajos estaba pendiente de una sentencia del Supremo para decidir de quien eran propiedad los terrenos, después de que la Audiencia Nacional estimase que el molino, el estanque y la antiguo salina pertenecían a la familia Prego. Estas obras afectan a varios propietarios, pero sólo dos han interpuesto recurso ante los tribunales. Los propietarios de la finca más cercana a la carretera perdieron el juicio, pero cuando la Audiencia Nacional dio la razón a la familia Prego, su sentencia quedó anulada. De esta forma, los afectados alegan que, hasta que no se de a conocer la decisión judicial, Costas no puede comenzar a trabajar. Sin embargo, la Dirección General ha decidido retomar las obras antes de que se conozca esta resolución judicial. Con tal motivo, la empresa adjudicataria de los trabajos se desplazó a Cambados la pasada semana, pero los propietarios afectados les impidieron comenzar a trabajar. Lo mismo sucedió ayer por la mañana, a pesar de que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil. «No tienen ninguna autorización para entrar en una propiedad privada», señaló Miguel Prego, portavoz de los dueños del molino. Por su parte, los responsables de la Dirección General no quisieron hacer ninguna declaración sobre este conflicto y se negaron a responder a las preguntas de este periódico.