Los populares deberán desmentir o demostrar sus acusaciones de irregularidades municipales ante el Juzgado Las manifestaciones de cargos del PP de Vilagarcía asegurando haber escuchado de varios empresarios y vecinos que el Concello desvía la tramitación municipal de obras a una oficina privada de arquitectos será respondida desde el Ayuntamiento por la vía judicial. Tras aguardar sin éxito casi un mes a que los «populares» aportasen pruebas al respecto, el alcalde, Javier Gago, presentará mañana en nombre de su administración una demanda conciliatoria contra los autores de las declaraciones. En ella, les exige que esclarezcan los hechos, de ser ciertos, o desmientan públicamente la existencia de irregularidades en la gestión urbanística municipal. De lo contrario, Ravella adoptará acciones civiles y penales contra ellos.
07 oct 2000 . Actualizado a las 07:00 h.REDACCIÓN VILAGARCÍA El Concello presentará mañana su demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Vilagarcía, dirigida contra el secretario local del PP, Amadeo Rodríguez, y dos de los cuatro concejales de dicho partido en la Corporación local, Manuel Portas y Juan Carlos Maneiro. Los tres protagonizaron el pasado 16 de septiembre una rueda de prensa en la que afirmaron la existencia de graves irregularidades en la gestión urbanística municipal. Unas manifestaciones que fueron publicadas en varios medios de comunicación, en las que, tal y como recuerda el Concello en su escrito al juzgado, los populares aseguraban que «tenemos recibido _el PP_ quejas de empresarios y vecinos que afirman que, para emprender una obra, los responsables de la oficina municipal de urbanismo, al parecer, les recomendaron que se dirigiesen a una oficina de arquitectos de la localidad, en la que debían pagar esta consulta». Ante «la gravedad de estas manifestaciones, y con el fin de depurar responsabilidades de todo tipo, si es que las hubiere», el Concello solicitará al Juzgado que señale día y hora para el acto de conciliación. Allí, los cargos del PP deberán probar los hechos denunciados y aportar los nombres y apellidos de las personas supuestamente implicadas en las irregularidades urbanísticas, así como de la gente que se las había comunicado; o bien desmentir públicamente a través de los medios de comunicación sus afirmaciones. De lo contrario, el Ayuntamiento iniciará nuevas medidas civiles y penales contra los conciliados.