Tres absueltos por comprar un local para geriátrico y pagarlo con un piso que no era suyo

El caso de un geriátrico que abrió a principios de la década pasada en Verxeles, Viveiro, y que ya cerró, volvió ayer a juicio en la Audiencia Provincial. Se acusaba a tres personas, dos mujeres, con iniciales A.A.C y N.C.I, y a un hombre, con iniciales R.Y.G, de un delito de defraudación.

La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para cada uno de los tres sospechosos de simular compraventas para dar una apariencia de legitimidad a unos pagarés «sin que respondieran a ningún negocio real, por cuenta de una empresa que ni tenía actividad ni patrimonio alguno para responder de su pago», con la única finalidad de engañar a la inmobiliaria a la que adeudaban el precio del piso donde se construyó el geriátrico, para que desistiera de emprender cualquier actuación judicial, penal o civil frente a las acusadas.

En el juicio de ayer, donde las acusadas intentaron tapar sus rostros, hubo un acuerdo de conformidad entre las partes. Finalmente, los tres acusados eludieron ingresar en prisión. Para A.A.C y N.C.I, se sustituyó la pena de cuatro años de cárcel por la pena de ocho meses de multa con una cuota diaria de tres euros para cada una de ellas. Para el acusado R.Y.G se sustituyó los cuatro meses de prisión por la permuta de ocho meses con cuota diaria de dos euros.

Los tres acusados reconocieron los hechos y la pena.

Deuda desde hace 13 años

Dos de las acusadas ya fueron condenadas en el año 2006 a pagar 195.208 euros a la inmobiliaria que reclamó el precio pactado en la venta del inmueble donde se hizo el geriátrico. Como aval para cumplir lo pactado, una de ellas presentó un escrito de compraventa de un piso de Oviedo, del que decía ser la dueña. Al ser firme la sentencia, la inmobiliaria solicitó la ejecución del aval, de modo que se ordenó el embargo del piso de Oviedo. Pero la sorpresa llegó cuando descubrieron que la vivienda nunca había pertenecido a la acusada.

La inmobiliaria presentó una nueva querella y el fiscal sostuvo que entonces, «con el fin de frustrar cualquier tipo de actuación ejecutiva contra su patrimonio» y de engañar a la parte demandante para que no actuase contra ellas, las dos acusadas entregaron al letrado de la inmobiliaria dos pagarés librados también por un tercer acusado contra la cuenta bancaria de una sociedad. Los dos pagarés, cada uno de ellos por valor de 90.000 euros, vencían diez días después, y teóricamente correspondían a la compra de una finca en Covas-Viveiro realizada mediante documento privado. Pero se demostró que era una operación ficticia; ni la finca fue comprada ni se vendía.

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