El juzgado ratifica una multa de 368.000 euros a Coto por un edificio en Ribadeo
A MARIÑA
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo ha ratificado la sanción de 368.128 euros que le impuso el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez (BNG), a Construcciones Coto por edificar una planta por encima de lo autorizado en un edificio en A Lodeira. Coto anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pues el edificio figura legalizado en el avance del nuevo plan xeral.
El origen de este asunto se remonta a varios años atrás, con los expedientes que abrió Fernando Suárez a cinco constructores que habían edificado más de lo permitido. A mediados del año 2008 decidió imponerles multas que suman un millón de euros y ordenó, además, reponer la legalidad, es decir, derribar el exceso construido. Los arquitectos y aparejadores que dirigieron las obras tampoco se libraron de la sanción y fueron multados, cada uno, con 6.001 euros. Entonces varios promotores iniciaron una batalla legal, con recursos. Pero según fuentes municipales, todos los fallos emitidos hasta ahora en los diferentes procesos han sido siempre a favor del Ayuntamiento.
La multa más cuantiosa fue puesta a Construcciones G. Cao, por un edificio en A Lodeira. Fue de 400.601 euros. Como ahora le ha ocurrido a Coto, su recurso fue desestimado por el Contencioso.
Otros promotores sancionados fueron Pulpeiro, con 87.128 euros; Julio y Anselmo, con 52.000 y Herederos de Manuel Rodríguez Martínez, con 37.440.
El promotor Julio Pérez accedió a pagar la sanción y a derribar el exceso construido, que en su caso se corresponde con los rochos de un edificio. Tras abonar los 52.000 euros, presentar un proyecto de demolición (que no se ha ejecutado de momento) y formalizar el correspondiente aval, el pleno del ayuntamiento decidió en septiembre del año 2009 legalizar el resto del edificio, en total cuarenta viviendas que ya estaban habitadas y tres locales comerciales.
El cobro de las multas está ahora delegado por el Ayuntamiento en la Diputación Provincial de Lugo.
Supuesto beneficio
La cuantía de las multas se calculó en función del supuesto beneficio obtenido por los empresarios con la supuesta irregularidad. En total, la decisión del Ayuntamiento -que supondría la legalización de unos 140 pisos en los cinco edificios- conlleva pagar multas por valor de un millón de euros y demoler 11 viviendas y 85 trasteros.