El ex alcalde del PP y el regidor del PSOE se recriminan anomalías urbanísticas tras la última condena al Concello, por el permiso de un edificio que nunca se construyó
11 jul 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Quizá nunca se sepa la causa de la ruptura que derivó en la batalla entre dos viejos conocidos, otrora más que compañeros de corporación, el popular César Aja y el ahora socialista Melchor Roel. Verdaderos pesos pesados de la política municipal, ayer volvieron a avivar la animadversión que se profesan con recriminaciones mutuas. Como siempre, por casi todo, pero ahora a causa de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que, ratificando otra del Juzgado de lo Contencioso de Lugo, condena al Concello por la licencia de un edificio que nunca llegó a construírse.
A diez meses de las próximas elecciones locales, y aunque el PP sigue sin desvelar si en Viveiro apuesta por Aja, por el grupo del portavoz municipal Guillermo Leal o por otra opción, Aja y Roel intensifican una confrontación que trasciende el ámbito político. Ambos dieron ayer sus respectivas, y contrapuestas, versiones sobre un caso urbanístico dirimido en los tribunales, pero caben más recursos.
De acuerdo con la documentación oficial, se remonta al año 2005, cuando Construcciones Furadiña pidió información urbanística al Concello de Viveiro y, tras recibirla, el 28 de diciembre registró un proyecto para construir un edificio de 200 viviendas en Coido, en el entorno de la iglesia de Covas. Se tramitó como licencia el 8 de marzo del 2006, para construir 194 viviendas, abonando 247.89 euros de tasas dos días después.
La Consellería de Política Territorial suspendió el 23 de marzo del 2006 las licencias en Viveiro, permitiéndolas tres meses después, una vez promulgada una normativa provisional. El 14 de julio, Furadiña pidió al Concello una certificación para que se le reconociese que había solicitado la licencia el 28 de diciembre del 2005.
Y en la fecha de la licencia estriba una de las claves del conflicto. Tomando como referencia diciembre del 2005, el 14 de julio del 2006, Furadiña pidió al Concello que le reconociese como adquirido el permiso para edificar amparándose en que no se le había respondido en el plazo establecido. El 18 de julio, la técnico jurídica municipal informó que no procedía. La comisión local de urbanismo, «sin ningún voto ni ningún reparo de los técnicos», acordó el 17 de noviembre del 2006 aplicarle el silencio positivo, lo que ratificó el gobierno local. Condicionó la licencia al informe de Patrimonio, finalmente contrario.
Ante las demandas de un particular, dos tribunales anulan la licencia por silencio administrativo, condenan al Concello a abonar las costas judiciales y remiten al fiscal el caso por si hubo «un eventual ilícito penal».