Los doce trabajadores del área de producción de la empresa Garsán, S. A. de Burela cumplen hoy la jornada 17 de la huelga que iniciaron el pasado día 3, y que tiene de fondo una negociación del convenio colectivo que no tiene visos de solución rápida. Por lo menos así lo entienden los representantes sindicales tras romper de nuevo la negociación tras la negativa de la empresa a cerrar los dos últimos aspectos en litigio, el horario que había propuesto la negociadora de la empresa y los pluses de disponibilidad horaria. Dos aspectos que desde UGT confiaban en que no fueran un lastre, propiciando así el entendimiento entre las partes y que permitiría que hoy viernes, una vez alcanzado el acuerdo, los trabajadores retornaran a sus puestos.
No fue así. «Os traballadores decidiron en asamblea aceptar o horario que nos propuxeron, e cal foi a sorpresa cando a dirección botou por terra a proposta anterior e comunicou que o horario sería de nove a unha e de tres a sete, argumentando que non hai ningunha lei que obrigue a empresa a negociar o horario», señaló Manuel Yáñez, desde UGT.
Lo mismo ocurrió con el plus de disponibilidad horaria. «A empresa considera que cobramos un salario por encima do convenio provincial, que as horas extras teñen un prezo, que pode ser negociable en casos puntuales, pero non con pluses. Queren a nosa disponibilidade total.», dijo el delegado sindical.
Así las cosas, el sindicato dio por rota no solo la negociación, sino también el «pacto verbal de propiciar a paz social mentras se negociaba» y anunció que los trabajadores decidieron continuar la huelga «mentras podamos aguantar, salvo que haxa un xiro na empresa e que a persoa que negocie teña a capacidade de decisión sobre os acordos. A persoa que hai neste momento non nos vale». Así se comunicó por fax a la empresa y también a las autoridades de Traballo y a la Subdelegación del Gobierno en Lugo.
Sigue en marcha la demanda presentada contra la empresa por atentar contra la libertas de tutela sindical, y ayer levantaban acta de la situación en la que se encuentran la maquinaria «para que as autoridades responsables de seguridade e hixiene determine si existe algunha que supoña un grave peligro para os traballadores». Además, solicitaron en el Concello información sobre la situación urbanística de las naves construidas hace cuatro años, «para constatar a súa legalidade», señaló Yáñez.