Un empresario lucense de la construcción se enfrenta a una petición de dos años de prisión, que es lo que le pide el fiscal, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Supuestamente explotó laboralmente a siete trabajadores de nacionalidad uruguaya a los que obligaba a trabajar entre 45 y 50 horas semanales por unos 600 euros, de acuerdo con la acusación pública. Los operarios tenían el encargo de ocultarse inmediatamente si aparecían por la obra los inspectores de trabajo.
Además del constructor J.L.M.P., el fiscal imputó al encargado de las obras, I.F.I. Ambos deberían ser juzgados ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital lucense, sin embargo la vista quedó suspendida porque ha de ser la Audiencia Provincial quien resuelva sobre el particular debido a que la acusación particular solicita seis años de prisión para cada uno.
Dice el fiscal que el acusado contrataba frecuentemente a trabajadores extranjeros conociendo que carecían de permiso de residencia y trabajo y eludiendo el cumplimiento de las formalidades de alta en la seguridad social.
La obra en la que daba empleo de forma clandestina a los trabajadores se encontraba en la confluencia de la calle Atalaia con Aceroleiro, en la capital lucense. En la misma fueron encontrados siete trabajadores de origen uruguayo.
Uno de ellos trabaja nueve horas y media de lunes a viernes a cambio de 780 euros mensuales. Recibió instrucciones de esconderse o de dar un nombre falso en caso de que llegase un inspector, de acuerdo con la versión del fiscal. Otro compatriota trabajaba 45 horas a la semana por 600 euros y le mandaron dar un nombre falso. En esa situación llevaba casi dos años.
Otro de los uruguayos cobraba 800 euros y le descontaban 90 cada día que no acudía a su puesto de trabajo. En una situación similar estaba otro de los obreros que hacía 50 horas por 600 euros y, además, al acabar la jornada laboral tenía que cargar herramientas y hacer otras labores sin realizar ningún tipo de retribución.
En la obra también trabajó otro empleado que recibía 600 euros mensuales por 45 horas a la semana. Otro compañero hacía 50 y cobraba 750 y otro, por las mismas horas, percibía 600. Este último, de cada jornada tenía que dar de comer a los caballos en el domicilio de los padres del acusado. No percibía por ello ninguna contraprestación económica.
El séptimo de los trabajadores que fue localizado cobraba 700 euros por trabajar cincuenta horas semanales.
Dice el fiscal que el acusado, conociendo que la falta de permisos impedía a los trabajadores denunciarlo, aprovechó las circunstancias para limitar los derechos que corresponderían a sus empleados, «obligándoles a esconderse, a aportar nombre falso o hacer funciones distintas a las de su cargo sin retribución».
Supuestamente, les ofrecía regularizar su situación y lo hacía imponiéndoles condiciones injustas. Les exigía mayor número de horas de las permitidas y, a cambio, recibían un salario inferior al establecido en el convenio colectivo. No les pagaba si estaban enfermos y despidió a algunos que se hallaban lesionados, desentendiéndose de su situación.
El fiscal también considera que este empresario ocultó a la Inspección de Trabajo los documentos que le exigió en algunas ocasiones.