El alcalde de Viveiro, Melchor Roel, ha sido citado a declarar el día 11 por la Fiscalía para determinar la existencia de un posible delito urbanístico en el caso Nicolás Cora. Tal y como adelantó La Voz en noviembre del 2008, el fiscal imputó a 18 concejales y ex ediles de dos corporaciones municipales de Viveiro para investigar un posible delito tras la aprobación de sendos acuerdos plenarios adoptados en 2002 y 2003. El caso se remonta a 1994, cuando el gobierno local presidido por César Aja concedió licencia para construir un edificio en Nicolás Cora. El recurso contencioso-administrativo presentado por el particular Francisco Méndez contra este acuerdo de la comisión de gobierno fue aceptado por el Tribunal Supremo, que en el 2001 ordenó la demolición de las tres últimas plantas del inmueble. El asunto quedó supuestamente zanjado en el pleno del 5 de abril del 2002 cuando, bajo el mandato de Aja, con 9 votos a favor del PP, 4 en contra del BNG y EU-IU y tres abstenciones del PSOE, prosperó el acuerdo para abrir una calle paralela a la mencionada y dar así acceso a fincas urbanas de Méndez y otros titulares. En el 2003 la nueva corporación gobernada por PSOE y BNG aprobó modificar aquel acuerdo -con apoyo de todos los grupos salvo el del edil de EU-IU- se aprobó una modificación que implicaba el aplazamiento en un año, hasta el 31 de diciembre del 2004, de la apertura de la calle.
El alcalde de Viveiro aseguró ayer que en el caso de su partido «no tenemos problema en comparecer ante la Justicia (..) Llevamos a pleno un acuerdo que nunca se llegó a firmar, con el cual se prorrogaba el acuerdo de Aja». Roel destacó parecidos, relacionados con la empresa y el ex alcalde, entre este caso y el de Lodeiro: «Iré a declarar con la tranquilidad de haber declarado honestamente». Días después de Roel declarará el edil de Economía, Rafael Fernández Amor. El ex regidor César Aja ya declaró el 10 de noviembre.