«Estábamos seguros de que no habíamos cometido delito, a pesar de los esfuerzos de algunas personas, que en vez de hacer política querían vernos en la cárcel», manifestó ayer el ex alcalde de Viveiro, César Aja, que compareció junto a siete de los nueve ediles que formaron parte de su última etapa de gobierno, para hablar del último auto del Tribunal Supremo que considera que no había delito penal en las dietas que cobraron los populares entre el 2001 y el 2003. La investigación judicial ahora cerrada por la sala del Tribunal Supremo, y que ratificaba las consideraciones anteriores tanto de la Audiencia Provincial como del juzgado viveirense, afectaba además de a César Aja, a Justo Vázquez, Joaquín Gayoso, Antonio Solla, Marta Pérez, Guillermo Leal, Rosario Canoura, Celestino García, Jesús Estévez y Pablo García. No hubo juicios Aja, que lamentó que el gobierno local de Viveiro «de una rueda de prensa para enmendar la plana al Supremo, una actitud que va en contra de toda ética», también insistió en fue el alcalde socialista Melchor Roel el que presentó las denuncias «y ahora no puede decir lo contrario», y reiteró que «hasta ahora no existió juicio, sólo han sido diligencias previas». El ex teniente de alcalde, Joaquín Gayoso, apeló a las propias informaciones recogidas en los medios para afianzar la acusación de que fue Roel quien formuló las denuncias contra los populares, y recordó que en el caso de la Visa, «se personaron en el Supremo y fueron al Tribunal de Cuentas pidiendo la responsabilidad contable, que también fue archivada». El ex alcalde popular repasó las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo en el 2004, por supuestos delitos cometidos durante su etapa de gobierno. De las ocho cuyas diligencias siguieron adelante, están todas archivadas menos tres, cuyas investigaciones prosiguen en los juzgados de Viveiro. Se trata de los expedientes sobre la compra del pazo de A Misericordia, los terrenos de la Insua y las de las gratificaciones. Aja confía en que su resultado final sea también el archivo de las diligencias. De hecho, el ex alcalde explicó que el caso abierto por la adquisición del pazo tiene ya un primer dictamen de la jueza en el que propone su archivo, «y en que dice que no existió ánimo de lucro, ni perjuicio patrimonial para el Concello». El dirigente popular señaló también que el Concello de Viveiro «tiene más contenciosos que todos los de la provincia de Lugo juntos», situación que «clarifica la actitud y la forma de gobernar de este señor». Reclamarán los costes Por su parte, Gayoso, que también criticó que «un alcalde de pueblo le quiera enmendar la plana al Supremo», anunció que los populares estudiarán reclamar al Concello el coste de la minuta de procuradores y abogados -uno de ellos, él mismo- que ha tenido su defensa.