Algunos de los antiguos asilos pasaron verdaderas dificultades años atrás para costear las obras que la Xunta exigió para adaptarlos a la norma. Muy ilustrativo resulta el caso del de Foz: después de décadas, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados lo abandonaron; estuvo cerrado y reabrió, primero con una orden religiosa y ahora con Mensajeros de la Paz. Patronato rector y Concello gestionaron ayudas e hicieron colectas para pagar las remodelaciones y mantenerlo abierto. Y ahí surge la paradoja. Por un lado, la Xunta exige que instalaciones y servicios dispongan de las condiciones idóneas, cuando la mayor parte de las instituciones de las cuales dependen estos centros no disponían de medios económicos suficientes. Por otro, cerrar las puertas de estas residencias supondría dejar en la calle a centenares de personas.