Han pasado cinco años desde que el gobierno socialista de Cervo adjudicó el controvertido plan de asfaltados Placer, que el fiscal está investigando desde el 2000 al percibir indicios de presunta malversación de caudales públicos y supuesto trato de favor por parte de Roberto Álvarez. Ahora, recopilando información solicitada por el juzgado que lleva el caso, el ejecutivo popular cervense dice haber detectado más anomalías que las que ya denunció en 1999, y que motivaron la apertura de diligencias judiciales. En concreto, ahora denuncian supuestas irregularidades en la tramitación del expediente para financiar los 437 millones de las antiguas pesetas en que fue adjudicado el plan de asfaltados. Ayer, el regidor José Insua y el primer teniente de alcalde José Manuel Balseiro, explicaron en una comparecencia pública los «incumplimentos legais» en que habrían incurrido los gobernantes socialistas cervenses. Para financiar parte del plan de asfaltados, el pleno acordó el 19 de diciembre de 1998 pedir préstamos por importe de 250 millones de las antiguas pesetas. Citando las disposiciones legales vigentes entonces, el gobierno popular de Cervo sostiene que esa operación debía contar previamente con autorización de la Consellería de Facenda. Sin embargo, la solicitud fue enviada dos días después. El 17 de marzo de 1999, la Dirección Xeral de Política Financieira reclamó al Concello más documentación. Como Cervo no la envió en el plazo fijado, el 13 de abril se recibió en la casa consistorial una nota de la Xunta dando cuenta de que el asunto quedaba archivado. Por tanto, no concedió permiso para solicitar ese dinero. A esas alturas, el ejecutivo socialista ya había formalizado, el 30 de diciembre de 1998, un préstamo de cien millones de las antiguas pesetas con un banco, suscribiendo con otra entidad financiera un segundo crédito de 150 millones de pesetas el 8 de abril de 1999. Otra presunta irregularidad que denuncian los populares cervenses se produjo porque el plan de asfaltados fue adjudicado el 16 de enero de 1999, cuando todavía se estaba tramitando la autorización del préstamo para pagarlo y, en consecuencia, no podía haber comprometido ese gasto ni otorgado las obras. Insua y Balseiro también dieron cuenta de otra supuesta anomalía. En este caso, se trata de una modificación de crédito por valor de 325 millones de las antiguas pesetas, decidida inicialmente en el pleno del 19 de diciembre de 1998, cuando se aprobó el plan de asfaltados y las bases para adjudicarlo, así como la solicitud del crédito. Contra la modificación se presentaron reclamaciones el 7 de enero de 1999, pero fueron desestimadas el 13 de enero. Los 325 millones de pesetas, según el PP, eran la cantidad a desembolsar en 1998 por las obras, pero fueron aprobados al año siguiente, pese a que iban a tener efecto con anterioridad. José Insua como José Manuel Balseiro destacan que una edila del PP advirtió en el pleno del 19 de diciembre que el expediente de modificación de créditos y, por tanto, los acuerdos relacionados con el plan de asfaltados «vulnera a Lei, e é totalmente ilegal», por lo que pedía que fuese retirado.