La Plataforma en Defensa de la Ría de Navia será el colectivo vecinal que lidere la oposición Piden al Principado que saque de nuevo a información pública el estudio de impacto ambiental
12 mar 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Abanderada por la Plataforma en Defensa de la Ría de Navia, acaba de comenzar la cruzada contra el macroproyecto de abastecimiento de agua a los concejos costeros, una iniciativa que varios colectivos ciudadanos de la comarca consideran innecesaria y absurda. El abogado gijonés Roberto Roces será el encargado de llevar los aspectos legales de la reivindicación ciudadana, de forma que, según explicó ayer, el primer paso que darán será el de exigir a la Consejería de Medio Ambiente del Principado que inicie de nuevo, y esta vez conforme a la ley, el trámite de información pública del estudio preliminar de impacto ambiental de la obra. «Hemos observado que se hizo un estudio preliminar de impacto ambiental por parte de la consejería, y se anunció en el BOPA para que los interesados en alegar pudieran hacerlo. Pero nadie se enteró porque, sin embargo, y pese a publicarlo en el BOPA, no lo hicieron en un periódico de máxima tirada, como obliga la ley, de forma que entendemos que se produjo una información clandestina del citado estudio y, como consecuencia, la indefensión de los ciudadanos», señaló Roces. El letrado entiende que «se ha violado el trámite legal a seguir, por lo que lo pondremos en conocimiento de la Unión Europea, dado que la expropiación se realiza con fondos europeos». Otro de los aspectos con el que el colectivo ciudadano está en desacuerdo es con la ubicación de varios depósitos de agua: «Se van a hacer depósitos en varios concejos. El más importante es el del municipio de Villayón, donde se captará el agua, y estará situado justo encima de la Vega de Arbón, con el consiguiente peligro de inundación que correría la Vega en caso de rotura o fisura. Habrá otro depósito en Coaña, y en este caso el Ayuntamiento tendría que recalificar los terrenos porque no tienen la catalogación urbanística adecuada para ello». Roces añadió que los citados depósitos tenían que estar sometidos además al reglamento de actividades insalubres, nocivas y peligrosas.