La Xunta permite legalizar los edificios de Viveiro que ordena demoler un tribunal

La Voz LA VOZ | VIVEIRO

A MARIÑA

XAIME F. RAMALLAL

La actuación de la Administración está condicionada por los informes técnicos y legales que se emitan Urbanismo reconoció el enorme impacto social de la sentencia

26 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.

El Ayuntamiento de Viveiro tiene que hacer bien los deberes en materia urbanística a partir de ahora y en tiempo récord. En función de los informes técnicos municipales y si no existen complicaciones legales, la Xunta no se opondrá a legalizar la situación de los edificios de Lodeiro amenazados con una orden de demolición por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Es el mensaje que lanzó ayer el alcalde, el socialista Melchor Roel, tras la entrevista que una comisión, formada por representantes de todos los partidos políticos y de los vecinos afectados, mantuvo con el subdirector de Planificación y Disciplina Urbanística de la Xunta, Hipólito Pérez Novo. «A Xunta mostrouse comprensiva coa situación e fará a tramitación según se lle vaía entregando a documentación e sempre que técnicamente sexa posible», señaló Roel, que a lo largo de la conversación apeló siempre a la prudencia a la hora de sacar conclusiones precipitadas. Y es que, señaló «aquí hai duas partes, a xudicial por un lado e a urbanística por outra, e a pesares de que algúns pretendan minimizar o problema, a Xunta é consciente de que a sentencia é unha cousa moi seria e o problema grave». La comisión planteó ante Urbanismo la modificación global de las Normas Subsidiarias de Viveiro, eliminando así todas las zonas calificadas como residencial mixta «sobre as que poida haber dudas» que existan en el municipio y adaptándose a las nuevas normas urbanísticas vigentes. Así también se incluiría la zona de Lodeiro inmersa en litigio. «O equipo de goberno fixará unhos criterios, e dentro de todas as modificacións estará a de Lodeiro porque é un feito consumado». A última hora de la tarde la comisión daba cuenta a los afectados de los compromisos adquiridos con la Xunta.