Fina Roca, inquilina del edificio viveirense, denuncia la «ilegalidad» del desahucio La sanción, de 704,17 euros, corresponde al traslado de muebles hasta Lavandeiras
24 ago 2002 . Actualizado a las 07:00 h.A Tres vecinos de casa Barro, desalojada el 16 de abril, se negaron a retirar sus enseres en el plazo dado por Costas. Cuatro meses después, en pleno agosto, han recibido una multa del Ministerio de Medio Ambiente, en concepto de «indemnización por daños al Estado». La carta de pago entregada a Fina Roca, una de las inquilinas, concreta: «Importe traslado de enseres del piso 4º, portal 2 de la travesía da Mariña en Viveiro, al depósito municipal sito en Lavandeiras, 37. Celeiro. Viveiro (ejecución subsidiaria)». Y se advierte de que, de no hacerse efectivo el abono en la Caja General de Depósitos de la Hacienda Pública en el plazo de un mes, «se dará traslado a la Delegación de Hacienda para su cobro por vía de apremio». El gasto «por retirada y transporte hasta el lugar de consignación» asciende a 704,17 euros en el caso de esta vecina. Los afectados no podrán recuperar sus enseres hasta que se haga efectivo el pago. La multa, que no admite recurso, ha causado indignación y rabia. «Desde el 16 de abril, cuando me sacaron las fuerzas de seguridad en volandas, éste es el primer comunicado oficial que recibo. De todos los recursos presentados en distintos organismos, no tengo respuesta alguna», afirma, con ironía, Roca. Esta mujer encabezó la protesta y la campaña emprendida en contra del desalojo y la posterior demolición del edificio Barro. Ni ella ni los otros dos vecinos sancionados aceptaron la ayuda brindada por el alcalde, César Aja, para retirar los enseres de los pisos, en el plazo de apenas cuatro días otorgado por Costas antes del desalojo. «Tras el precintaje teníamos veinte días para recuperar los muebles, acompañadas de un guardia, en horario lectivo. Ahora me viene esta multa, por no tener yo disponibilidad para humillarme ante Aja», abunda. Alegaciones al proyecto Roca denuncia la «ilegalidad» del desahucio ya que, según admite el Abogado del Estado, «la ejecución a realizar por el Ministerio de Medio Ambiente requiere la tramitación de un previo expediente de derribo del inmueble, actualmente en trámite de proyecto. Por ello se solicita del Juzgado que el plazo para la realización de la entrada domiciliaria sea lo más amplio posible, de 6 meses a 1 año». Costas avisó con cuatro días de antelación del irrevocable desalojo del inmueble. El expediente de demolición está ahora expuesto al público, hasta el 5 de septiembre. «Lo hacen en pleno agosto para que no nos enteremos ni nos dé tiempo a presentar alegaciones», reprochan los damnificados. El proyecto no prevé indemnización alguna para los perjudicados. Los desahuciados tampoco entienden por qué se ha tapiado la parte baja de la casa Barro en las fiestas de agosto. «Antes dejaron que lo apedrearan y que rompieran los cristales», constata Roca. Sospecha que esta medida tiene relación con la denuncia presentada ante el Valedor do Pobo, días antes de que comenzaran las obras.