Un documental exhibido en Cannes presenta a Il Cavaliere como un vampiro que se aprovecha del drama del seísmo
INTERNACIONAL
La singular situación política de Italia se convirtió en protagonista anteayer en el festival de Cannes con la proyección fuera de concurso del documental de Sabina Guzzanti, Draquila, L'Italia che trema (Draquila, la Italia que tiembla), que tiene como protagonistas a la ciudad de L'Aquila, que el pasado año sufrió un devastador terremoto, y al primer ministro, Silvio Berlusconi. La cineasta y actriz cómica presenta en la cinta una imagen durísima de Berlusconi, relacionando su gestión del terremoto con oscuros y turbios negocios mafiosos.
Durante hora y media, y basándose en testimonios, así como en cámaras ocultas, Guzzanti acusa a Berlusconi y a sus más directos colaboradores y amigos de haberse aprovechado de una tragedia que dejó más de 300 muertes y miles de personas sin casa. El propio título, Draquila, juega con la idea de Drácula y la ciudad L'Aquila para presentar al primer ministro como un vampiro.
La presentación del documental en un festival como el de Cannes no ha gustado al Gobierno italiano, que decidió boicotearlo anunciando que el ministro de Cultura, Sandro Bondi, no acudiría al evento en protesta por haber seleccionado Draquila , una cinta que, según el ministro, «ofende a la verdad y a todo el pueblo italiano». El documental, estrenado en Italia el fin de semana pasado, se está viendo favorecido por una publicidad gratuita a causa de la polémica.
Comisiones ilegales
Mientras estallan los escándalos por sobornos, el Senado se apresuró el pasado miércoles a aprobar un decreto ley anticorrupción. La ley quiere acabar con las corruptelas en el sector público a través de medidas de prevención y con mecanismos que favorecerán la transparencia de las Administraciones, sobre todo en la concesión de obras públicas. Para el ministro de Justicia, Angelino Alfano, gracias a las intervenciones previstas en la ley se podrán eliminar los «pasajes en los que se pagan las comisiones ilegales». La oposición insiste en una intervención más contundente en el aspecto penal, por lo que ya ha calificado del decreto como de «contenedor vacío».