El ex gobernante venezolano Carlos Andrés Pérez consideró que el Tribunal Supremo avaló una solicitud para su extradición porque está al servicio del presidente Hugo Chávez. Las palabras de Pérez figuran en una breve nota, divulgada por su oficina, para responder a la decisión tomada el jueves por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Venezuela que declaró procedente tramitar la extradición de Pérez, con una orden de aprehensión desde febrero del 2005 vinculada al caracazo.
Pérez asegura que la decisión es una forma de agradecerle a Chávez que no haya objetado un programa de jubilaciones del Supremo, aprobado por sus magistrados, que, según el ex gobernante, es «un asalto al patrimonio nacional». En la nota también se dice que la medida se adopta cuando «el régimen se encuentra asediado por la Justicia internacional por su cooperación con grupos narcoterroristas, causa por la cual no habría necesidad de solicitar la extradición del señor Chávez, quien se encuentra a pocas calles del Palacio de Justicia».
Y recuerda, para finalizar, que «está pendiente el inicio del proceso contra Hugo Chávez por los delitos de magnicidio frustrado contra el presidente Pérez, al igual que por el asesinato, también frustrado, de su familia».
El jueves, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Venezuela consideró que «concurren los requisitos para solicitar la extradición del ex presidente Pérez, quien tiene pendiente un proceso por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de continuidad». Pérez, de 87 años y que, según la Fiscalía, está en Puerto Rico, y según otras fuentes en Miami, habría incurrido en ese delito a finales de febrero y principios de marzo de 1989, pocos días después de asumir el poder por segunda vez (1989-1993), en lo que se llamó el caracazo.
El caracazo fue una revuelta popular anárquica que se desató en Caracas, con saqueos generalizados que fueron sofocados a tiros por el Ejército y dejaron varios centenares de muertos. La sentencia del Supremo planteó que «es necesaria la comparecencia» de Pérez para que «se someta a la jurisdicción de la Justicia venezolana», por lo que «ratificó la prohibición de procesarlo en ausencia».