Downing Street sostiene que los altos cargos no incurrieron en irregularidades fiscales
28 may 2009 . Actualizado a las 11:22 h.Downing Street salió ayer en defensa de nueve ministros y de más de treinta subsecretarios del Gobierno que habrían podido cometer irregularidades al reclamar la devolución del dinero gastado en asesores fiscales para sus declaraciones de la renta. La oficina del primer ministro Gordon Brown reaccionó ante las advertencias vertidas la noche del martes por la Hacienda británica, en el sentido de que iniciará una investigación que podría poner contra las cuerdas al Ejecutivo.
Según el rotativo inglés The Daily Telegraph , podrían ser hasta 42 cargos del Gobierno de Brown los que habrían reclamado al erario público británico unos 28.000 euros como gastos por asesoramiento fiscal. Según la Hacienda británica, los gastos de contabilidad en los que se incurra al hacer la declaración fiscal no son deducibles. Entre los implicados destacan pesos pesados del Gabinete como el ministro de Economía. Otros bajo sospecha son el responsable de Exteriores y la del Interior.
Ante la situación, doce miembros del Gabinete de Brown firmaron un comunicado en el que insistían en que habían pagado los impuestos que les correspondían, lo que fue respondido por otro del premier en el que mostraba su satisfacción porque, en su opinión, no se habría cometido irregularidad fiscal.
Segundo escalafón
Uno de los nombres desvelados en el segundo escalafón ministerial fue el del subsecretario para el Consumo, Gareth Thomas, quien pasó al Parlamento como gasto 1.200 euros por servicios de contabilidad. También destacan nombres populares en la sociedad británica como la encargada de organizar las Olimpiadas del 2012, Tessa Jowell, el subsecretario para las Universidades, John Denham, o la responsable para Europa, Caroline Flint.
Un portavoz de la Hacienda británica ni confirmó ni negó a la BBC cuando fue preguntado si ya se había iniciado la investigación sobre los miembros del Gabinete. Los implicados utilizaron el presupuesto destinado para sus oficinas parlamentarias para pagar por la asesoría fiscal privada.