Los documentos hechos públicos esta semana por el Gobierno estadounidense sobre las torturas en Guantánamo siguen ocasionado estupor. Uno de los detalles que se extrae de ellos es que en los interrogatorios participaron médicos y psicólogos. Su función fue la de asegurarse de que los presos podían seguir soportando los crueles interrogatorios.
Los nombres de estos profesionales de la salud aparecen tachados en los informes, pero no así sus acciones. Uno de los casos que se describe es el de Abu Zubaydah, detenido palestino al que la CIA acusaba de ser un importante miembro de Al Qaida.
Una de las primeras decisiones que se tomaron sobre este hombre en Guantánamo fue la de reducir su contacto con otras personas. Este se limitó a dos, el interrogador de la CIA y un psicólogo. Según describe uno de los documentos hechos públicos, fue el psicólogo el que durante las semanas siguientes propuso diferentes métodos para romper la resistencia física y mental del detenido. El psicólogo aceptó que se le privara de sueño, se simulara su asfixia o se le encerrara en una caja con insectos.
Las críticas a estas actuaciones no se han hecho esperar. El director de Médicos por los Derechos Humanos, Frank Donaghue, declaró al diario The Washington Post que «los profesionales de la salud que participaron en los programas de la CIA no solo violaron la ley, sino que quebrantaron las tradiciones éticas de la medicina y la psicología».
Varias asociaciones médicas se han apresurado a explicar que hubieran aceptado la participación de estos profesionales si hubiera sido para el beneficio de los presos, pero no en las condiciones de total colaboración en las torturas que se describen en los documentos de la CIA.
Organizaciones como la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Psicología han condenado la participación de algunos de sus miembros en estas torturas. Incluso algunos de sus dirigentes han pedido que se les inhabilite para ejercer su profesión.
Por otra parte, el relator de la ONU contra la tortura, el austríaco Manfred Nowak, ha declarado que la decisión del Gobierno de EE.?UU. de no llevar ante la Justicia a los funcionarios que cometieron las torturas viola la legislación internacional.