El que mata tiene que morir». Con esa lapidaria frase se despachó Susana Giménez, la presentadora de televisión con mayor audiencia de Argentina, tras el asesinato de uno de sus colaboradores, Gustavo Lanzavecchia, el pasado 27 de febrero. «Terminen con esa estupidez de los derechos humanos», asestó Giménez, y se disparó la polémica sobre la inseguridad y, con ella, sobre la pena de muerte.
El debate no es nuevo y su recurrencia suele aflorar en cada pico de cifras en delitos de sangre, o bien, como es el caso, por el efecto mediático derivado de la coincidencia de asesinatos relacionados con la farándula. Porque cinco días después de aquello, y a menos de dos kilómetros de distancia del otro crimen, unos ladrones dispararon hasta provocarle la muerte a Hernán Landolina, preparador físico de, entre otros, Guillermo Coppola, ex representante de Diego Armando Maradona. Con ello se terminó por atizar el debate sobre la inseguridad y la actuación de la Justicia en Argentina, y la conveniencia o no de aplicar penas más severas que las estipuladas en el Código Penal.
Según los últimos datos del Ministerio de Justicia, correspondientes al 2007, 2.071 personas murieron con violencia, esto es, casi seis personas por día, un dato que lleva a otro, vía demoscópica: según la encuestadora Gallup, el 44% de los argentinos avalan la pena de muerte. En muchos casos, de ese amplio sector de la población se nutren movilizaciones como las que se viven estos días en la capital y en el Gran Buenos Aires.
Justicia y seguridad
El viernes coincidieron en el tiempo dos manifestaciones separadas por 400 kilómetros. Una en Mar del Plata, una de las ciudades donde más ha crecido el crimen en los últimos años. La otra, en Lomas del Mirador, en la castigada zona urbana bonaerense, en la que unas 2.500 personas pidieron justicia y seguridad.
Antes de disolverse, oyeron las palabras templadas y emotivas de la viuda de Landolina: «Yo no pido la pena de muerte, con eso no soluciono nada. Tenemos que unirnos todos los argentinos y darnos amor, no generar odio». Entre el auditorio estaba Juan Carlos Blumberg, padre de Axel Blumberg, cuyo asesinato en marzo del 2004 hizo llenar la plaza de Mayo en varias oportunidades para escuchar a su padre, que alcanzó notoriedad pública y flirteó con la política en los años siguientes.
En un perfil mucho más bajo que Blumberg y Giménez, los familiares de las últimas víctimas llaman a la calma: «No debatamos, busquemos soluciones y pidamos justicia a quien la puede impartir», dijo el cuñado de Lanzavecchia, que también acudirá a una nueva convocatoria para gritar en la plaza de Mayo contra la inseguridad, el próximo día 18. Con permanente cobertura informativa en un país que cuenta con cuatro canales de noticias las 24 horas, la inseguridad y la pena de muerte trascendió las calles y llegó a los despachos.
Cristina Fernández se refirió al asunto dos veces en los últimos tres días: «Tenemos que arremangarnos», dijo primero, y apuntó después a la inclusión social como «la clave en materia de inseguridad», al tiempo que criticó a los medios de comunicación por «crear temor». El debate sobre la inseguridad, además, corre paralelo al cruce de declaraciones entre el poder judicial y el ejecutivo. A la petición de la presidenta de que los jueces procedan con más rigor y celeridad en los procesos, la jueza Carmen Argibay contestó demandando más nombramientos y mayores recursos e infraestructuras para la Justicia, observada cada día con una lupa de aumentos.