En vísperas de año electoral para renovar la Cámara de Diputados y en medio de una creciente ola violencia, la polémica sobre el restablecimiento de la pena de muerte se abre paso en México.
La mecha se encendió cuando el Parlamento del estado de Coahuila acordó esta semana solicitar al Congreso federal una modificación a la Constitución mexicana para aprobar la pena de muerte, abolida en el país en el 2005. «El clamor generalizado es muy claro; la sociedad mexicana está agraviada por la manera en que ha crecido la delincuencia», indicó el miércoles César Duarte, del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Cámara de Diputados.
Apoyo social
La iniciativa del PRI cogió por sorpresa a los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional, así como al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, ya que México ha firmado todos los tratados internacionales contra la pena de muerte. El presidente del Senado, Gustavo Madero, del PAN, advirtió de que esta medida está por encima de la Constitución federal y la calificó de regresiva.
Entre el PAN y el PRD cuentan con el 60% de los asientos en la Cámara de Diputados, por lo que el PRI difícilmente podría sacar la reforma pese a que cuenta con el apoyo del Partido Verde Ecologista, que desde hace meses ha desplegado una campaña a favor de la pena de muerte.
En medio de un clima de inseguridad en el país, la medida parece tener consenso social e incluso varios obispos han manifestado que en algunos casos la Iglesia católica acepta la pena de muerte. Según una encuesta nacional publicada recientemente, el 74,8% de los mexicanos están a favor de este castigo para delincuentes que incurran en delitos graves.
Amnistía Internacional expresó su preocupación porque «partidos políticos como representantes de Gobierno utilicen el tema de la seguridad pública de manera irresponsable sugiriendo que la reimposición de la pena de muerte significará una respuesta efectiva frente a la delincuencia».