El Supremo reitera que poseer armas se encuentra dentro de la Constitución norteamericana
INTERNACIONAL
El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó ayer que el derecho de cada persona a poseer un arma está garantizado por la Constitución y que no puede ser limitado en nombre de la seguridad pública. Por cinco votos contra cuatro, la mayor instancia judicial del país confirmó la invalidez de una ley de la ciudad de Washington, capital del país, que prohibía a sus habitantes poseer pistolas.
Es la primera vez en casi 70 años que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre este tema ultrasensible en Estados Unidos, considerado por gran parte de la población esencial para la identidad estadounidense. Esta decisión podría permitir a los defensores de las armas cuestionar las leyes locales que regulan la posesión y licencia de armas, básicamente las instauradas para luchar contra la criminalidad en ciudades como Chicago o Nueva York.
La decisión fue celebrada de inmediato por el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner. «Los estadounidenses, incluidos los residentes de la capital del país, deben tener la capacidad de defenderse», dijo.
La cuestión tiene que ver con la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que «siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y llevar armas no será transgredido».
Para la ciudad de Washington, el texto garantiza un derecho colectivo a tener armas en propiedad, en el marco de un servicio de policía o de guardia. Pero el Tribunal estimó que garantiza, de hecho, el derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas, una interpretación defendida sobre todo por los millones de miembros de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA).
«La opinión del Tribunal no debe ser percibida como un cuestionamiento a las prohibiciones sobre la posesión de armas por personas con antecedentes penales o enfermos mentales, o las leyes que prohíben las armas cerca de instalaciones como escuelas o edificios administrativos», destacó el juez Antonin Scalia.