El Gobierno ruso suspenderá las actividades en el país de las sedes regionales del Consejo Británico, organismo dedicado a promover la cultura del Reino Unido, a partir del 1 de enero por una supuesta infracción de la ley. El Gobierno de Londres reaccionó diciendo que esa institución «tiene todo el derecho» a operar en Rusia y cumple con las normativas rusa e internacional.
Este contencioso es el último episodio de las tensas relaciones que el Reino Unido y Rusia mantienen desde el asesinato en a finales del 2006 en Londres del ex espía ruso Alexánder Litvinenko, quien dejó una carta en la que responsabilizó de su muerte a Vladimir Putin. Londres ha solicitado la extradición del principal sospechoso de la muerte de Litvinenko, el ex espía, empresario y recién elegido diputado Andréi Lugovói, pero Moscú se niega.
«En vista de la ausencia de una base normativa que regule la actividad del Consejo Británico en la Federación Rusa, la parte británica fue informada de la suspensión a partir del 1 de enero del 2008 del funcionamiento de las sedes regionales en Rusia», anunció ayer el portavoz de la diplomacia rusa, Mijaíl Kaminin. Precisó que la medida no afecta a la sede central de Moscú y que la congelación de actividades de las sedes regionales se mantendrá hasta que se suscriba el correspondiente acuerdo bilateral.
Infracciones
El Consejo Británico (British Council), señaló Kaminin, comenzó sus actividades en Rusia a comienzos de la década de los noventa, cuando inauguró sus oficinas centrales en Moscú y luego organizó, sin el debido respaldo jurídico, quince representaciones regionales. «Además, en las labores prácticas del Consejo se incurrió en infracciones a la legislación financiera y tributaria rusa, así como en otras esferas», añadió Kaminin. En particular, señaló que la institución cultural desarrolla actividades en oficinas de consulados, lo que contraviene la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Estas acusaciones fueron rechazadas tanto por la oficina del primer ministro Gordon Brown como por la portavoz del Consejo Británico en Rusia, Natalia Minchenko. «Nuestras labores se ajustan plenamente a las normas de la legislación rusa y al derecho internacional», dijo Minchenko. «No tenemos la intención de cerrar nuestras sedes en San Petersburgo ni en Ekaterimburgo», agregó.