Fujimori niega la violación de los derechos humanos y asegura que su Gobierno los recuperó
INTERNACIONAL
El ex presidente peruano, visiblemente exaltado, asegura que bajo su mandato recuperó derechos «para 25 millones de peruanos».
11 dic 2007 . Actualizado a las 15:05 h.El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) ha rechazado de manera vehemente las acusaciones de haber violado los derechos humanos durante su gobierno y afirmó que, por el contrario, los recuperó «para 25 millones de peruanos». En la apertura del juicio en su contra, Fujimori, que había escuchado impasible la acusación presentada por la fiscalía, se exaltó al emitir un pronunciamiento cuando fue requerido por el presidente del tribunal supremo que lo procesa, César San Martín, para que señalase si aceptaba los términos del juicio.
El ex gobernante dijo que recibió en 1990 a su país «en colapso», con una grave inflación, en aislamiento financiero internacional y acosado por la violencia de la banda armada Sendero Luminoso. Señaló que también existían grupos paramilitares como el llamado Comando Rodrigo Franco que, según medios peruanos, tuvo vínculos con el primer gobierno del presidente Alan García (1985-1990).
El ex gobernante añadió que «frente a la situación, con el país desangrándose», durante su gobierno «hubo reformas dentro del contexto del respeto a los derechos humanos». «A raíz de mi gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos. Si se cometieron algunos hechos execrables los rechazo totalmente, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal», dijo Fujimori en tono exaltado.
El alegato del ex gobernante fue interrumpido por San Martín, quien le recordó que tenía «que respetar la directiva del tribunal». «Aquí mando yo», le dijo enfático San Martín, para luego remarcar que a lo largo del proceso tendrá «la oportunidad de responder todas las preguntas» que se le hagan.
Fujimori aseguró, con la voz quebrada, que «su defensa será a base a pruebas y no indicios», tras lo cual se escucharon aplausos de un grupo de sus seguidores que asistieron al proceso, lo que llevó al presidente del tribunal a recordarles que «está prohibido cualquier tipo de manifestación a favor o en contra».
Fujimori es enjuiciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un cuartel policial de Lima por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron un total de 25 personas, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. La fiscalía lo acusa de haber planificado, organizado y dirigido la comisión de esos delitos por parte del grupo militar encubierto Colina, y pide que sea condenado a treinta años de cárcel y al pago de cien millones de dólares en reparación civil.
Al comenzar el proceso, los miembros del tribunal emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que serán «firmes» en sus decisiones y reconocieron que son «conscientes de la expectativa social» que ha generado el juicio. El tribunal remarcó su «independencia e imparcialidad judicial» y el «pleno respeto a los principios del derecho penal».
El Ministerio Público pidió, posteriormente, que se establezcan «algunos márgenes complementarios a la reparación civil», que incluyan «medidas de rehabilitación, atención médica, psicológica y social para las víctimas». Además, medidas de satisfacción, para la «dignificación de las víctimas» y «de no repetición», mediante la exhortación «a los poderes Ejecutivo y Legislativo a adecuar la legislación vigente a los estándares del derecho internacional».
Entre los asistentes al proceso, en una sala adjunta al tribunal, estuvieron tres de los hijos de Fujimori (Keiko, Sachi y Kenji), así como la plana mayor del «fujimorismo».
A las afueras de la sede policial en la que se celebra el juicio, un grupo de seguidores del ex gobernante gritó consignas a favor de su inocencia, al contrario que otro grupo que portaba banderas de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).