El juzgado del caso Carioca abrió una investigación por supuesta apropiación indebida
12 oct 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Juzgado de Instrucción número tres citó a declarar a varios miembros de las juntas de gobierno de la Confederación de Empresarios de Lugo -presidentes, secretarios y tesoreros- entre los años 1998 y 2002 en una investigación abierta por presunta apropiación indebida. Supuso la revisión de los cursos de formación impartidos por la patronal lucense entre 1998 y 2004. Los primeros indicios apuntan a que podría existir un exceso facturado que ronda los 600.000 euros. El juzgado también solicitó la comparecencia del responsable de una academia lucense que impartió docencia para la patronal lucense en esos años y de la responsable del Cise, su centro de formación.
Las investigaciones de la formación impartida por la CEL se centra entre los años 1998 y 2004 y ha supuesto que se revisara también la contratación y pago de la página web de la CEL, que supuso un gasto de más de 200.000 euros; los servicios facturados por la empresa Computer 3 por docencia; las facturas de esta misma empresa correspondientes a alquiler de equipos informáticos y de material didáctico.
Informes periciales
En las actuaciones existen dos informes periciales, uno de ellos realizados por expertos de la Unidad de Auditoría Informática de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y otro por un perito judicial. Ambas se refieren a los cursos, el alquiler de equipos y el material informático. La elaboración de estas peritaciones posiblemente fue lo que prolongó la investigación en el tiempo, ya que el Juzgado de Instrucción número 3, el mismo que se encarga del caso Carioca, abrió diligencias previas en el año 2004.
Las actuaciones comenzaron a raíz de una comparecencia efectuada dos años antes en la Fiscalía por el ex presidente de la patronal lucense, Juan Antonio Martínez Dapena. Se presentó al día siguiente de su dimisión en el cargo, en febrero del año 2002. En la comparecencia ante el ministerio público alertaba de la posibilidad de que en la patronal lucense existiera una alteración en los precios de bienes y servicios contratados por la CEL, organización en la que únicamente permaneció nueve meses, y un posible desvío de fondos procedentes de subvenciones. Entre otras cuestiones, Martínez Dapena puso en conocimiento de la Fiscalía que en los últimos cinco años la CEL había alquilado equipos informáticos por valor de 45 millones de pesetas (270.000 euros) cuando consideraba que por esa cantidad se podían adquirir muchos más equipos.
Declaraciones
La comparecencia derivó en una investigación, que se ha prolongado siete años y que ha llevado a la titular del juzgado número tres a tomar declaración a antiguos directivos de la patronal para tratar de esclarecer algunos de los aspectos que recogen los peritos en sus informes y al responsable de la academia de formación con la que la CEL contrató buena parte de los cursos de los años que son objeto de la investigando.