Los constructores lucenses están más preocupados por la inseguridad jurídica en el sector que por el ciclo a la baja, según aseguró ayer el presidente de la APEC, Hipólito Trinidad, al término de una reunión de la junta directiva en la que presentó un voluminoso informe sobre el sector en la provincia de Lugo. «Si esto no tiene remedio políticamente -apuntó respecto de las normativas que afectan al sector y que en algunas ocasiones chocan entre sí- tendremos que marcharnos de Galicia». La disponibilidad de suelo es el caballo de batalla. Trinidad alertó de que la falta de terreno para construir podría suponer un inevitable incremento de los precios.
En el estudio realizado por la asociación provincial del sector, únicamente existe suelo urbano consolidado para poder operar en los próximos tres años y en algunos casos, en un año. El análisis está realizado por comarcas y por municipios significativos. Según ese estudio, los municipios con mayor margen de maniobra en cuanto a suelo son Monforte, Burela y O Vicedo, a los que no se les agotará el suelo urbano consolidado disponible en los próximos cinco, seis o siete años. Lugo no lo analizaron ante las perspectivas de aprobación provisional del PXOM.
Abundante normativa
El estudio surgió, según Trinidad, a raíz de la entrada en vigor del régimen transitorio de la Ley 9/2002. Explicó que, una vez finalizados los tres años de adaptación de los planeamientos municipales a lo que estipula, únicamente tres concellos de la provincia tienen planes urbanísticos Incio, Castroverde y Xermade. «A raíz da nova normativa -apuntó el presidente de la APEC- empezamos a atopar dificultades para saber dónde podíamos operar e donde non: a Lei de Costas, a de hábitat que entra en vigor esta semana; a futura lei de vivenda e a ley de suelo estatal».
Según Trinidad, «la inversión más importante de la promocion es el suelo. ¿A ver quién es el valiente que se atreve a invertir en estas circunstancias». Según abundó, en más del 70% de los casos no se cumple con la normativa estipulada por la Ley del Habitat. «Habría que ir -dijo- a la excepcionalidad y tendría que ser la Xunta quien tramitara ese 70% de las licencias. Si con cuatro paples que están ahora en trámite tardan meses, ¿cuánto habría que esperar?», se preguntó.