La absorción del 18% del mercado publicitario de prensa, radio y televisión por parte de los medios de titularidad pública en España despoja a las empresas privadas de comunicación de 1.200 millones de euros cada año. Si la situación, reiteradamente denunciada por el sector, ha venido lastrando hasta ahora la capacidad de las empresas para afrontar sus gastos e inversiones, el panorama a partir del 2010, con el apagón analógico de la televisión, puede resultar fatal para muchas de ellas. Ante esta eventualidad, las organizaciones profesionales de los medios de comunicación privados han planteado al Gobierno y a las Cortes la adopción de las medidas que hagan posible que sean los medios comerciales los que, en libre competencia, operen en el mercado publicitario en su totalidad.
El modelo de la UE
La propuesta invita al poder ejecutivo y al legislativo a que remuevan el actual marco legal, de modo que las televisiones y radios públicas, autonómicas y municipales, «inicien un progresivo plan de reducción de publicidad, hasta su total desaparición, adoptando el modelo que impera en Radio Nacional de España y que es común en la Unión Europea». Esta demanda ha sido signada por los portavoces de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), la Asociación de Televisiones Digitales y Autonómicas y Locales (Asodal), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC).
El apremio de la iniciativa viene enmarcado, entre otras circunstancias, por el próximo fin de la televisión analógica, la inminente implantación de la era digital (con TDT y DRM), en la que cada ciudadano recibirá señales audiovisuales en un sinfín de formatos, soportes y modalidades; el crecimiento casi exponencial de radios y televisiones de titularidad pública, la limitación del mercado publicitario y la ralentización inexorable de la economía. En este contexto, sustraer cada año del mercado publicitario 1.200 millones de euros, como hacen los medios de propiedad pública que gestiona el Estado, resulta extremadamente gravoso para la pervivencia de las empresas privadas de comunicación.
Efectos positivos
Las organizaciones profesionales de medios de comunicación privados sostienen que, de ser atendidas sus solicitudes, el panorama que se abrirá en un futuro inmediato tendrá múltiples efectos beneficiosos.
Entre otros, subraya que «las televisiones y radios públicas emplearán adecuadamente sus recursos y cumplirán su papel de servicio público»; al mismo tiempo que las empresas del sector privado «adaptarán sus tarifas a la realidad del mercado, sin sufrir competencia desleal de las públicas». Una adaptación tarifaria que «provocará un descenso de la actual saturación publicitaria, con el consiguiente beneficio para el espectador», auguran las asociaciones en el comunicado difundido al objeto de dar a conocer su iniciativa.
La publicidad que dejen de contratar los medios públicos revertirá al mercado, y ello hará posible que logren sobrevivir muchos medios de comunicación privados que en la situación actual, y con la competencia desleal de las radios y televisiones públicas, «están abocados a su desaparición», según sostienen las organizaciones que promueven la iniciativa.
Situación irreversible
En caso contrario, de no adoptarse las medidas propuestas, resultaría más que probable que en los próximos años «crezcan aún más los medios de comunicación públicos y disminuyan drásticamente los privados, con el consiguiente empobrecimiento del pluralismo y la pérdida de calidad democrática en España».
Consecuentemente, Uteca, Asodal, AEDE, ARI y AERC instan al Gobierno y a las Cortes Generales a que adopten, de manera urgente, medidas en el sentido de las apuntadas anteriormente, «antes de que la situación empeore más y se haga irreversible a partir del 2010», que es la fecha fijada para el apagón analógico de la televisión.