El Concello vigués es una institución a la que se accede con facilidad. No hay requisito ni obstáculo alguno para deambular por cualquiera de sus once plantas sobre tierra ni tampoco por el primer sótano, donde también hay oficinas. La cosa cambia, sin embargo, cuando se pretende acudir a un pleno de la corporación.
Para ello los asistentes tienen que sortear el filtro de la Policía Local. Habitualmente los agentes se limitan a filiar a los ciudadanos que quieren entrar. Requisito indispensable es mostrar el documento nacional de identidad y después colgarse una identificación interna del Concello, una exigencia que afecta también a los periodistas.
El público, sin embargo, se lleva la peor parte. La cola en ocasiones provoca retrasos en la entrada y si se esperan incidencias el celo de los policías es mucho mayor. Las indicaciones que reciben es evitar la introducción en el salón de plenos de pancartas, carteles o incluso papeles con consignas para realizar protestas.
Con esta finalidad el control incluye apertura de bolsos para su inspección. Si detectan algo inusual es preciso aclarar su contenido aunque sean folios o recortes de periódicos. En este contexto de máxima vigilancia, en algunos plenos se asemeja a la existente en los aeropuertos y los ciudadanos se ven obligados a abrir sus prendas de abrigo y someterse a un cacheo por parte de los agentes.
Estas medidas provocan indignación, pero discutir con los agentes no tiene sentido: les dan instrucciones y las cumplen.