14 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.
A pesar de que hay un principio de acuerdo para reducir la participación de los residentes en el exterior a la elección de cuatro o cinco escaños en el Senado, las dudas sobre su constitucionalidad han surgido en el seno de las principales formaciones al intuir que puede deparar problemas la eliminación de la diáspora en la elección de diputados al Congreso e indirectamente del presidente del Gobierno. Fuentes gubernamentales reconocen que se ha encargado un dictamen jurídico para comprobar la legalidad de dicha medida, que justifican en que la Constitución indica, sin más precisiones, que «la Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España».