Del nuevo modelo autonómico se conocen algunas líneas generales que se han ido haciendo públicas desde el inicio de la negociación con las comunidades autónomas. Principios básicos. Se parte de la base de que debe diseñarse un modelo que suponga financiación igualitaria para todas las autonomías en lo que respecta a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y asistencia social. Para el resto de las competencias, se habla de «suficiencia financiera». Por tanto, el sistema en ciernes debe reforzar las prestaciones del Estado del bienestar, al tiempo que aumentaría la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal mediante el incremento de los impuestos cedidos.
Con el sistema vigente, el 70% de los recursos de las comunidades provienen de los impuestos cedidos por la Administración central, y el 30% de transferencias de la Administración central, básicamente del fondo de suficiencia. Con el futuro modelo, el 90% de los recursos procederá de la fiscalidad.
Se prevén cuatro fondos básicos para que la solidaridad interterritorial no sea la víctima del nuevo modelo. Uno de garantía de servicios públicos fundamentales que asegura igual financiación por habitante; otro de suficiencia global para financiar el resto de las competencias transferidas; y uno más de convergencia. Este fondo estaría compuesto por el de competitividad, que se repartirá entre las autonomías cuya financiación per cápita esté por debajo de la media o de su capacidad fiscal, y el de cooperación, destinado a lograr el equilibrio de las comunidades con menor riqueza.
La redefinición del sistema de financiación prevé ceder el 50% del IRPF -en el modelo vigente es el 33%- y el 50% del IVA (ahora es el 35%). También el 58% de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y carburantes (en la actualidad la cesión es del 40%).
El Gobierno ofrece incrementar la potestad de las autonomías sobre los impuestos cedidos, en concreto sobre los mínimos imponibles en el IRPF, pero también sobre el IVA, siempre que no se vulnere la normativa de la Unión Europea.
Están por determinar y constituyen el centro de la negociación. La población será el principal elemento de ponderación, aunque se tendrán en cuenta otras variables como la dispersión y envejecimiento poblacional, o la insularidad.