Los alcaldes afirman que la falta de liquidez en las arcas de sus municipios los obligará a usar la tijera y retrasar algunas obras
13 oct 2008 . Actualizado a las 02:00 h.A los alcaldes gallegos no les cuadran los números. A Orlando González, el de Mondoñedo, del BNG, le ocurrió, sin ir más lejos, el pasado mes de julio, cuando se retrasó unos días el pago de la nómina de 78 trabajadores del Concello. Lo peor es que teme que la situación se repita. «É a miña inquietude. Tódolos días pregunto ao tesoureiro se hai cartos para pagar as nóminas», reconoce el regidor mindoniense. «Temos facturas sen pagar desde o ano 2000 e recadamos pouco porque non temos moito comercio e apenas construción. E somos 4.500 habitantes, pero damos servizos como se houbera 10.000. Mantemos unha policía local, unha biblioteca e hai xente maior que atender, pero cada vez nos dan menos cartos porque perdemos poboación. Vivimos asfixiados», resume Orlando González.
En el concello lucense de Barreiros, dice su alcalde, Alfonso Fuente (PP), la crisis se anticipó. La data en el año 2006, cuando la Xunta suspendió las normas urbanísticas subsidiarias y paralizó las licencias para edificar miles de viviendas. «Al parar la construcción, todo lo relacionado con la industria, que no es poco, se resintió muchísimo», afirma.
Para el 2009, en Barreiros ya han aprobado un plan de ahorro que consiste en congelar su sueldo, el de un concejal con dedicación exclusiva y las dietas, además de reducir un 10% el gasto corriente y economizar así entre 6.000 y 12.000 euros. Eso sí: el gasto social es intocable y nada de subir impuestos. «El planteamiento del PP no es subirlos. Estaríamos trasladando la crisis de los concellos a los vecinos. Eso sería lo más fácil. Con los mismos tributos que se pagan ahora hay que mantener los mismos servicios. Esa es la filosofía», apunta Fuente.
Promesas incumplidas
Tampoco está entre los planes de su compañero de partido Jorge Domínguez, alcalde de Meaño, el incrementar la presión fiscal de sus vecinos. «Siempre empiezo y acabo la legislatura igual. Se cobra lo mismo los cuatro años. Es nuestra política, ni mejor ni peor, pero nos funciona», señala Domínguez, que gobierna este concello pontevedrés desde 1991.
Precisamente por eso, porque lleva 17 años con el bastón de mando, le preocupa que, por culpa de la crisis del ladrillo, los nuevos equipamientos que había anunciado en campaña para el pueblo se vayan a retrasar. «Íbamos a hacer una plaza de abastos, una guardería, un auditorio,... y todo tendrá que esperar. Me preocupa, entre otras cosas porque tendré que explicar a los vecinos que hay promesas de mi programa electoral que no podré cumplir», se lamenta. Así que dará ejemplo de contención. Su plan de austeridad consiste en usar la tijera en el gasto de papel, luz, teléfono y gasolina para ahorrar unos 50.000 euros al año. Esta medida, añade, no será coyuntural. «La idea es mantenerla», afirma.
El alcalde de Culleredo, el socialista Julio Sacristán, también admite que aunque este año habían previsto cierta merma en las arcas, no bajará la guardia con el presupuesto del 2009 y hará «algunas restricciones». «Actualizaremos algunos impuestos, aunque por debajo del IPC, y los que suponen el grueso de la recaudación, como el de construcción, vehículos o IBI, se congelarán. Toca apretarse más el cinturón para seguir manteniendo la capacidad inversora en el concello y dando servicios al ciudadano», asegura. Ese recorte, añade Sacristán, no incluye cambios en los sueldos de la corporación: «Hace tiempo que no sube ni el mío ni el de los concejales, y este año tampoco lo hará. Y las dietas no llegan ni a 12.000 euros al año, así que ahí ya no podemos restringir mucho más».