El choque entre Cataluña y las autonomías «pobres» era evidente desde que se aprobó el Estatut
GALICIA
Touriño fue ayer el primero, pero sin duda no será el último. Hace tiempo que desde la Xunta y desde otras comunidades se advertía de que la deriva del debate sobre la financiación planteado desde Cataluña abocaba a un serio enfrentamiento entre comunidades, independientemente del signo político con el que estén gobernadas. Hasta ahora, el conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández Antonio, se había limitado a plantear en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su oposición a los planteamientos lanzados desde Cataluña con el objetivo de recortar el alcance de la solidaridad interterritorial a la nivelación de los servicios básicos.
La necesidad de que se mantenga la garantía de financiación para todos las competencias transferidas era, junto a la exigencia de que se tomen en cuenta las variables del envejecimiento y la dispersión, las principales reivindicaciones de la Xunta en este debate.
Touriño ha visto cómo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha despreciado la petición gallega de que se valoren las peculiaridades geográficas que encarecen los servicios sociales en Galicia. El borrador presentado recientemente con la hoja de ruta de la nueva financiación ni siquiera menciona la dispersión o el envejecimiento como baremos a tomar en cuenta. Ante la evidencia del fracaso de su primera exigencia, Touriño ha decidido plantarse ante la posibilidad de que el Gobierno acabe cediendo ante las presiones de Cataluña y deje a Galicia no solo sin compensación por la enorme dispersión de sus núcleos rurales, sino también sin recursos suficientes para modernizar servicios tan esenciales como la justicia.
Solo servicios básicos
El choque entre Cataluña y el resto de comunidades mal llamadas pobres estaba cantado desde que se aprobó, hace ya dos años, el Estatuto de Cataluña. Aunque tanto desde Galicia, desde ayer en voz alta, como desde otras comunidades socialistas en voz baja, se hable de la inconstitucionalidad de poner límites a la solidaridad, lo cierto es que en el Estatuto aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y del resto de partidos excepto el PP se dice claramente que esa solidaridad debe limitarse a los servicios esenciales como la educación o la sanidad. El Gobierno debe elegir ahora entre cumplir con lo que firmó y aprobó en el Congreso o recoger las reivindicaciones contrarias de todas las demás comunidades. Y eso, a pocos meses de tener que aprobar los Presupuestos. Un difícil reto, sin duda.