Medio Rural y Economía son las consellerías que suman más expedientes por esa vía desde julio del 2007
13 jul 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La Administración gallega está recurriendo con asiduidad a la contratación de funcionarios por el procedimiento de comisión de servicios, una figura prevista en la legislación en vigor para casos de urgencia y necesidad, y que tiene carácter excepcional en la medida en que permite sortear los sistemas normales de provisión de puestos de trabajo y adjudicarlos con discrecionalidad. En el último año, las consellerías y organismos autónomos han formalizado por esa vía más de 1.800 contratos, un volumen significativo de la normalidad con la que se usa una figura excepcional.
Esos 1.800 contratos no corresponden necesariamente a otros tantos funcionarios, ya que, por su carácter temporal, puede haber más de un expediente que haga referencia a un mismo empleado. La comisión de servicios se utiliza para la cobertura de puestos de trabajo que ya han sido creados previamente, y se adjudica de forma nominal a funcionarios por un plazo máximo de un año, que puede ampliarse a otro previa nueva solicitud a la Dirección Xeral de Función Pública, dependiente de Presidencia. Al cabo de esos dos años, el funcionario que ocupa una plaza en comisión de servicios puede recalar en otra diferente, después de cesar tres días. Con este procedimiento, que ya fue muy criticado por los sindicatos en la etapa del Gobierno del PP, la Xunta evita la oferta de esas plazas por concurso.
De acuerdo con los datos recopilados por el Movimento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP), a partir de los expedientes oficiales de contratación, las consellerías más activas en el uso de la comisión de servicios son Medio Rural, con 345 contratos autorizados desde julio del 2007; y Economía, con 211. Otras seis consellerías más superaron en los últimos doce meses el centenar de contratos por comisión de servicios: Educación (190), Traballo (177), Sanidade (144, incluidos los del Sergas), Presidencia (142), Innovación e Industria (118) y Vicepresidencia (113). Los datos evidencian un uso generalizado de ese sistema excepcional, con independencia de que el gestor sea el PSOE o el BNG.
El MIEP denuncia que en la mayoría de los casos la Xunta usa esa figura «sen xustificación, como un medio de enchufismo polo cal un funcionario pacta co seu xefe a solicitude dunha comisión de servizos á Función Pública. Así o funcionario consegue quedar dun xeito fraudulento nun posto que doutro xeito non lle correspondería».