La Cámara gallega escribió ayer la que puede ser la última página sobre el curioso caso de María Isabel Blanco, la supuesta agente electoral del PSOE que fue contratada por el sindicato Unións Agrarias en A Coruña, aunque mediante una subvención concedida por la Xunta a una asociación vitivinícola de Ourense. Y a la postre, a esta mujer se le regaló un viaje, bajo supuestas causas humanitarias, para pasar 53 días en Argentina mientras su contrato estaba en vigor y coincidiendo con la campaña electoral de las municipales del 2007.
Estos son los hechos que recoge el dictamen final de la comisión de investigación de la agente electoral, aprobada ayer con los votos del PSOE y el BNG, y con el airado desplante del PP, cuyo diputado Antonio Rodríguez Miranda se preguntó: «¿Quen se fai responsable agora de todos estes feitos, de todas estas fraudes?».
El nacionalista Carlos Aymerich no dudó en recalcar durante el pleno que este caso conduce a hablar de «miseria, fraude e clientelismo», y aunque el BNG accedió a exonerar a su socio de Gobierno de cualquier responsabilidad en la materia, su portavoz dijo confiar en que el presidente de la Xunta le dé cumplimiento a las recomendaciones del dictamen, que poco más recogen que el compromiso de la Consellería de Traballo de abrir un expediente informativo sobre el caso que está por ver si deriva o no en sanción.
A la vista de los hechos probados, tanto el PP como el BNG, aunque con distinto lenguaje, reconocieron que existió un fraude, cuando menos, de tipo laboral y en la gestión de las ayudas, fraude al cual la comisión de investigación parlamentaria fue incapaz de colocarle responsables.