Los nombres de algunos centros educativos como el Carmen Polo de San Pedro de Leixa, en Ferrol, o el Francisco Franco, del municipio ourensano de Beariz, tienen los días contados. Y algo parecido le ocurre al hospital de A Coruña que lleva el nombre del dirigente falangista Juan Canalejo. Estas serán las consecuencias más visibles de la aplicación que tendrá la decisión alcanzada ayer por el Parlamento gallego para retirar la simbología franquista de los centros oficiales. El acuerdo fue rubricado tan solo por el PSdeG y el BNG, con el desmarque del PP, como culminación a un debate farragoso en el que los diputados se intercambiaron acusaciones gruesas.
El diputado nacionalista Manuel Parga fue el encargado de defender la iniciativa, que acabó transaccionando con los socialistas, en la que se insta a la Xunta a «eliminar» de todos los edificios públicos la simbología fascista y a promover la supresión de los nombres que hagan referencia a «persoeiros, representantes ou partidarios da ditadura franquista». La medida afectaría a todos los centros administrativos, no solo los de la Xunta, y por eso la Cámara alude a la necesidad de «colaborar» con los concellos en la aplicación de la llamada ley de la memoria histórica.
La toma de posición de los demás grupos cerró la perspectiva de un acuerdo unánime, pese a los deseos expresados por la socialista ferrolana Beatriz Sestayo, quien dijo confiar en que la condena del franquismo «non signifique un problema para el PP». Pero el problema no tardó en surgir. El popular Agustín Baamonde se quejó amargamente de que los socios del bipartito le colgaran de antemano el cartel de «partidario do franquismo» y de que Parga acusara a los populares de seguir conviviendo con el legado de la dictadura.
Iniciativa «oportunista»
Con una intervención florida, repleta de adjetivos y muy aplaudida por la bancada popular, Baamonde tachó de «rácana» y «oportunista» la iniciativa, y le planteó una enmienda para suprimir no solo los nombres franquistas, sino todos los contrarios a la Constitución de 1978, especialmente los relacionados con el terrorismo. «Se son capaces de apoiala, terán espíritu de superación», retó el ex alcalde de Vilalba, pero de lo contrario «sigan como na canción de Serrat, "pidiendo escaleras para subir a la cruz"».
Pese a que el portavoz del PP pidió a Parga que retirara sus imputaciones, este las reiteró y citó los nombres de algunos maestros asesinados tras la Guerra Civil. También el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, pidió la palabra para pedirle a los populares que «condenen dunha vez» o franquismo, y reclamó que constara en acta la negativa de la oposición a reprobar la dictadura.